Riesgos de la marcha atrás


Dar marcha atrás siempre atañe algún tipo de riesgo. Máxime, en materia laboral, donde la reforma de 2012 comienza a dar sus frutos. Si bien es necesario perseverar en las medidas emprendidas para que surtan más efectos, cualquier intento de derogarlas podría tener nefastas consecuencias sobre un mercado de trabajo todavía castigado. Los resultados de las urnas, tras el próximo 20 de diciembre, serán cruciales para ahondar en el impulso reformista o dejarlo de lado, aun a sabiendas de los peligros relacionados.

Prácticamente se trata de la única reforma estructural que se ha acometido a lo largo de la legislatura, transformando todo el sistema laboral y modernizándolo para que las negociaciones se lleven a cabo empresa por empresa, atendiendo a sus circunstancias y no a los intereses de lobbies sindicales o patronales. Javier Santacruz, profesor del IEB, asegura que permitir que los salarios se ajustaran a la realidad de cada compañía fue la clave para detener la destrucción de empleo y empezar a estabilizar el mercado. «Si echamos marcha atrás, volveremos a las viejas rigideces».

Abandonar las reformas en el ámbito laboral encarecería «una contratación que sigue siendo cara, no tanto por el coste monetario sino por la enorme burocracia que perdura en el mercado de trabajo». Santacruz piensa que los resultados electorales serán totalmente claves, ya que de ellos depende que la recuperación económica española sea más o menos sólida.

«Cuánto menores sean los costes del despido, menores serán los de la contratación». En España sale muy costoso contratar y algo más barato despedir, hecho que, según los economistas consultados, debe corregirse. Y no precisamente subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social. Rafael Pampillón afirma que las cotizaciones sociales que se pagan en nuestro país son de las más altas de Europa y que las empresas no contratan a más gente porque «el trabajo en España es muy caro». El profesor del IE Business School y catedrático de la Universidad CEU San Pablo insta a continuar con el impulso reformista, y piensa que para que las empresas puedan proseguir con su actividad, «es importantísimo reducir todos los trámites administrativos para que haya unidad de mercado y para que las compañías no tengan que pedir permiso constantemente para trabajar en una comunidad donde no estén instaladas».

Source: The PPP Economy

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