La Justicia avala las expropiaciones de Baleares porque el interés público es «claramente preponderante»
Pocos días después de avalar la prórroga autonómica del toque de queda, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSIJB) ha vuelto a dar el visto bueno a otra polémica medida del Govern balear. La Sala de lo Contencioso del TSJIB ha rechazado las medidas cautelares pedidas por un gran tenedor para que se paralizara la cesión obligada de viviendas vacías al Ejecutivo insular para su uso.
Los magistrados basan su resolución en que el interés público es «claramente preponderante frente al de los recurrentes» y niegan que la expropiación de viviendas pueda causar «un perjuicio reputacional ante su clientela». El Tribunal no entra en el fondo del asunto, ya que sólo resuelve sobre la petición de medidas cautelares. Sin embargo, los argumentos del auto apuntan a que se prolongará la ‘conexión’ entre el TSJIB y el Govern de la socialista Francina Armengol. Así, los magistrados subrayan que «el interés público es claramente preponderante frente a los de la recurrente, y además con grado máximo de intensidad».
Global Pantelaria SA presentó un recurso contra la resolución del 2 de marzo del Govern, donde se acordaba el inicio del expediente de la cesión temporal del uso de viviendas desocupadas inscritas en el Registro de Viviendas Desocupadas de Grandes Tenedores. Uno de los pisos está en Llucmajor (Mallorca) mientras que la otra se encuentra en la localidad ibicenca de Santa Eulària des Riu.
Según argumentaban en su escrito, la expropiación de dos de sus viviendas suponía un «perjuicio irreparable» porque esos pisos se alquilarán a terceros, lo que provocará «una situación irreversible» y permitirá que la Administración pueda realizar obras de reforma sin que el gran tenedor «pueda alegar al respecto». Sin embargo, el TSJIB argumenta que reformar las viviendas para que sean habitadas no puede considerarse «un perjuicio irreparable».
Cabe recordar que el pasado 2 de marzo, el consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, firmó una resolución «de carácter pionero» por la que el Ejecutivo balear iniciaba la expropiación durante siete años de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial.
El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas será considerablemente inferior a los precios de alquiler que tiene registrados (como índice de referencia de precios) para la comunidad autónoma de las Illes Balears el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este índice fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que la cantidad que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.
Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos (una vez que se incorporen al parque público) pagarán un alquiler que siempre estará adaptado a su capacidad económica y nunca superará el 30% de sus ingresos. El Govern asume con recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor, si se da esta circunstancia.