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Sunday, August 1, 2021

Una crisis del petróleo que elevó la inflación al 22%


La crisis económica del primer choque petrolero, de 1973, se agudizó y tendió a prolongarse por la situación política a la muerte de Franco. A principios de 1977, cuando se dio el verdadero paso a la democracia, las elecciones del 15-J, los rasgos negativos de la situación económica eran demostrativos de un auténtico estancamiento en la actividad general, paro creciente, fuertes niveles de inflación, y endeudamiento exterior en rápido aumento.

Después de un crecimiento en torno al 0,6 por 100 del PNB en 1975, en 1976 apenas se superó el 1,5 por 100. La cifra de parados (todavía con estadísticas de empleo muy toscas), se situó entre 700.000 y 900.000. La tasa de inflación llegó al 22 por 100, amenazando con situarse en el 30 por 100 en 1977. La deuda externa desbordó los 12.000 millones de dólares, y la fuga de capitales se mantuvo a cotas muy elevadas según todos los indicios.

Esa fuerte tasa de inflación era en buena parte el resultado de una política permisiva, en la que, con fines de lubrificar la transición política, se aceptaron fuertes alzas salariales, bajo la presión de un sindicalismo sobre todo de los jurados de empresa de CC OO, muy reivindicante. En cuanto al crecimiento de la deuda externa obedeció, sobre todo, a la financiación de los fuertes déficits por cuenta corriente de la balanza de pagos, que provocaron las alzas de los precios energéticos internacionales. Por su parte, la fuga de capitales era «la respuesta» de una parte de las clases más poderosas ante el temor de lo que para ellos podría venir con la democracia.

Para apreciar más a fondo el por qué de todos los fenómenos descritos, habrá que darse cuenta de lo que se hizo en los tres años y medio transcurridos entre octubre de 1973 y junio de 1977. Para afrontar la situación económica, se publicaron nada menos que ocho «paquetes de medidas de política económica de urgencia». Los dos primeros, el 30 de noviembre de 1973 y el 29 de octubre de 1974, todavía en la época de Barrera de Irimo como ministro de Hacienda; los dos siguientes (7 de abril y 19 de noviembre de 1975) durante el período de Cabello de Alba. El paquete número cinco fue el proyecto de ley enviado por el Gobierno a las Cortes el 7 de marzo de 1976, que contenía las propuestas del joven ministro de Hacienda Villar Mir, que suscitó gran controversia, con el resultado final de su retirada con ocasión del reajuste ministerial de julio de 1976, cuando Adolfo Suárez se estrenó como Presidente del Gobierno.

El sexto paquete de medidas (agosto de 1976, ya con el primer Gobierno Suárez) recibió escasa atención en los comentarios por su carácter «veraniego». Se limitó a los aspectos de la inversión; especialmente, la supresión del impuesto sobre plusvalías de origen bursátil, a pesar de lo cual, la Bolsa siguió bajando. Algo similar ocurrió con el paquete, el número 7, instrumentado en el Decreto-Ley de 8 de octubre de 1976, que no hizo otra cosa que constatar el deterioro progresivo de la situación. Sobre todo, porque acentuó el propósito de congelación salarial con disposiciones desarticulantes de la negociación colectiva. Después, el 22 de febrero de 1977, el mismo primer Gobierno Suárez, publicó un extenso documento sobre la situación económica, integrado por un análisis retrospectivo, un cuadro macroeconómico para 1977, y un conjunto de «41 acciones inmediatas»; un documento que no era ni un plan de estabilización, ni un programa de recuperación para salir de la crisis económica, ni un plan de desarrollo a la antigua usanza de los años sesenta. Más bien, parecía un programa preelectoral.

Buscar el consenso

El Gobierno formado a continuación del 15-J, ya con Enrique Fuentes Quintana como Vicepresidente para Asuntos Económicos, se encontró más o menos con la situación económica descrita hasta aquí. Y según me contó el propio Fuentes –en la visita que una delegación del PCE hicimos para conversar con Adolfo Suárez en La Moncloa–, el nuevo Ejecutivo estaba preparando un proyecto económico completamente unilateral, sin contar para nada con los demás grupos políticos del Parlamento recién elegido.

Por esa previsión de una iniciativa singular del Gobierno, sin más, en los posteriores debates en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, presenté la propuesta del PCE de llegar a una política de consenso, para frenar inflación, poner coto al déficit público y al endeudamiento, y recuperar el empleo y el crecimiento económico. Esa era la única solución posible y previsible, ya en la perspectiva de lo que luego sería la senda de los Pactos de La Moncloa. Un capítulo ya muy diferente del que hoy nos hemos ocupado, que llegaría pocos meses después, tras una gran diversidad de contactos y negociaciones.

Source: The PPP Economy

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