Sin rastro de la promesa de Sánchez de las 10.000 viviendas sociales de la Sareb
En febrero, La Moncloa publicitó un gran plan de vivienda social en colaboración con la Sareb. Brindar pisos a familias de ingresos bajos o vulnerables, en suma, mediante cesiones del llamado ‘banco malo’. Y desde entonces no se ha vuelto a aprobar ninguna medida firme al respecto, lo que condiciona su avance.
La Sareb es una entidad privada participada por el sector financiero y el Estado que se creó en 2012 para absorber los activos tóxicos de la banca. Se compraron a los bancos casi 200.000 activos, la mayoría de ellos créditos al promotor e inmuebles. Es por ello que esta compañía dispone de un gran parque inmobiliario.
El objetivo que tiene marcado la Sareb para 2027 es haberse desprendido de todo ello y desaparecer. Mientras tanto, se dedica a ceder los inmuebles a las administraciones que lo soliciten y con las que pueda firmar un convenio (con posibilidad de compra posterior), y a vender los que pueda.
En este escenario apareció el Gobierno con su intención de engrosar el parque público de pisos. En febrero se firmó un protocolo entre el Ministerio de Transportes y la Sareb para poner a disposición de familias de ingresos bajos o vulnerables viviendas de esta entidad a un precio reducido. Transportes asumiría parte de los gastos de cesión y rehabilitación de las propiedades.
El total de viviendas que forman el plan son 15.000, aunque casi 5.000 de ellas ya están cedidas. Entonces, las que se incorporarían nuevas a vivienda social serían 10.000: 5.000 de ellas a corto plazo y otro tanto a medio plazo. Se pondrían a disposición de autonomías y ayuntamientos. Aquello se firmó en La Moncloa con la presencia del presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Nadia Calviño, y el entonces ministro del ramo José Luis Ábalos. Por parte de la Sareb, su presidente Jaime Echegoyen acudió como representante.
Por ahora no se ha llegado a consumar la cesión de ninguno de los nuevos inmuebles (los 10.000) porque este acuerdo no ha ido a más, de momento. En aquellas fechas se decidió incluir este pacto dentro del plan estatal de vivienda 2022-2025 que se quiere lanzar desde el Gobierno. Entonces todo quedó sujeto a que ese plan saliera adelante y, hasta la fecha, aún no lo ha hecho.
Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que este programa saldrá adelante en diciembre, aunque las comunidades autónomas desconfían de este plazo. Mientras, la Sareb y el Gobierno no pueden avanzar en el protocolo que firmaron en febrero, y eso trastoca las intenciones de otras administraciones mientras el citado plan no salga adelante.
Las autonomías, a la espera
Ayuntamientos y comunidades autónomas estaban muy pendientes de este acuerdo, que se rubricó en La Moncloa, por lo que implicaba para ellas a nivel dinerario. Está previsto, según las fuentes consultadas por ABC, que en el plan en el que se incluirán las 10.000 viviendas se meterán también ayudas para las administraciones que accedan a las cesiones. Tal y como reconocen desde el ministerio a este periódico, el nuevo plan estatal de vivienda incluirá un programa que será el que condicionará el convenio que ambas partes firmarán para ejecutar la cesión de estos inmuebles.
Por ello, como confirman fuentes de la Sareb, se ha paralizado relativamente la petición de cesiones por parte de estas administraciones ya que muchas están esperando a que salga este plan adelante.
Transportes asegura que hasta el momento ha ido cediendo en la medida de lo posible las viviendas que le han ido solicitando las comunidades. Por ello, ante la ausencia de solicitudes, las cesiones se han paralizado. Además, el departamento dirigido por Raquel Sánchez defiende que algunas viviendas no están en un estado óptimo y tienen que ser reformadas, lo que condiciona el ritmo de cesión.
En principio, se utilizará el usufructo para facilitar la conversión de estas viviendas en alquileres sociales. La intención de Transportes es que el precio de estos alquileres se sitúe entre 150 y 300 euros para los inquilinos más vulnerables. Además de este programa con la Sareb, el ministerio negocia con los grandes fondos de inversión propietarios de viviendas para que cedan, a cambio de compensaciones, hasta 30.000 inmuebles a alquileres sociales y aumentar así el stock de inmuebles.