¿Qué es un Perte?
El pasado martes, 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Perte del vehículo eléctrico y conectado. Este proyecto, como ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supondrá una inyección pública de 4.295 millones de euros, financiados principalmente mediante el mecanismo europeo ‘Next Generation’.
«Es una inyección gigantesca de recursos públicos porque gigantesca y formidable es la transformación del sector de la automoción», ha apuntado el presidente. Además, según ha avanzado, permitirá movilizar otros 19.000 millones de euros de inversión privada, lo que elevaría la cuantía total al entorno de los 24.000 millones entre 2021 y 2023.
Por otro lado Sánchez ha adelantado la creación de un órgano supervisor, la Alianza para el vehículo eléctrico y conectado cuya función principal será «el impulso y la promoción del vehículo eléctrico y conectado». El Perte tendrá por otro lado una vertiente en el ámbito de la formación, pues todos los proyectos harán hincapié en la adquisición de nuevas capacidades digitales, con especial enfoque en los jóvenes.
Pero, ¿qué es un Perte?
Los proyectos de carácter estratégico o perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) son un nuevo recurso que se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, creado para vehicular fondos europeos ‘Next Generation’ hacia iniciativas de gran capacidad de arrastre de crecimiento económico, empleo y competitividad de la economía de nuestro país. Este tipo de propuestas cuentan con un alto componente colaborativo público y privado y son transversales, es decir, afectan a distintas administraciones. Deben ser aprobados por el Consejo de Ministros.
Para sacar adelante este tipo de proyectos uno de sus requisitos es la colaboración entre la administración pública, la empresa privada y los centros de investigación. Tienen que participar como mínimo cinco empresas, de las cuales al menos el 40 % deben ser pymes. El presupuesto de cada proyecto debe tener, además, un presupuesto mínimo de 40 millones de euros y deben estar implicadas al menos dos comunidades autónomas diferentes.