Podemos propone imponer una cuota estatal en Patrimonio que castiga a Madrid y Andalucía
Unidas Podemos vuelve a la carga contra las comunidades autónomas del Partido Popular. Y de nuevo por la tributación en el Impuesto sobre Patrimonio. El grupo ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 en la que propone crear una cuota estatal, al margen de la normativa de cada región.
«La determinación de la cuota líquida estatal se ajustará a las reglas siguientes: a) Se aplicará la normativa estatal vigente reguladora del Impuesto. En ningún caso serán de aplicación las normas aprobadas por las comunidades autónomas en ejercicio de la capacidad normativa reconocida en la ley de cesión tributos. b) El importe del mínimo exento, así como la escala de tipos de gravamen serán los que haya fijado la normativa estatal con carácter supletorio», señala el texto de la enmienda, al que ha tenido acceso ABC.
Esta remisión que realiza Podemos en su enmienda a la ley estatal se refiere a que para determinar la nueva cuota estatal se contará con un mínimo exento de 700.000 euros. A partir de esa cantidad sería, de aprobarse, cuando entraría en juego el gravamen propuesto. Dicho gravamen iría desde un 0,2% en el tramo más bajo de la escala de tipos hasta un 3,5% para aquellos que superen los 10.695.996,06 euros.
Asimismo, el documento señala que la cuota a ingresar estatal será el resultado de deducir de la cuota líquida estatal el importe de la cuota a ingresar autonómica. La competencia de gestión y titularidad de esta nueva creación correspondería al Estado, así como suu liquidación, recaudación, inspección y revisión.
Esta es una vieja aspiración de Podemos, pero también de ERC, que ya presentó una propuesta similar en los Presupuestos de 2021 y que finalmente no salió adelante. En este sentido, es llamativo que Podemos ha elaborado enmiendas conjuntas con el PSOE, y también en solitario, siendo en estas últimas donde se ha incluido lo relativo a Patrimonio.
De aprobarse esta modificación, supondría un castigo para aquellos contribuyentes establecidos en comunidades con bonificación total o parcial. Estas, principalmente, son las gobernadas por el PP; principalmente la Comunidad de Madrid, que en la práctica ‘elimina’ este impuesto, pero también Andalucía, Galicia, Murcia… todas ellas bajo el mismo signo político.
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