Planas convoca una nueva sectorial para el otoño y se compromete a seguir trabajando en los ecoesquemas
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se había marcado a primera hora de la mañana alcanzar como meta un acuerdo político sobre los «parámetros fundamentales» del Plan Estratégico para aplicar la nueva PAC 2021-2027. Tras 10 horas largas de debates entre el ministerio y los 17 consejeros autonómicos del ramo, el ministro socialista se ha mostrado satisfecho tras haber logrado el aval de las autonomías para trabajar «sobre la base del documento» propuesto por Agricultura. Al respecto, Planas ha reconocido que se trata de la «un documento abierto y que faltan elementos de detalle», aunque ha puesto en valor la «voluntad de seguir caminando juntos». En esta línea, ha anunciado la convocatoria de una nueva Conferencia Sectorial para «finales de septiembre y principios de octubre» para validar el trabajo técnico que se iniciará el próximo 21 de julio en ámbitos como el de los ecoesquemas. Además de anunciar una reunión próxima con las organizaciones agrarias, que han venido en repetidas ocasiones exigiendo su participación en este proceso.
La meta no es otra que enviar a Bruselas el Plan Estratégico Nacional antes del 31 de diciembre, tal y como marcan los reglamentos europeos para que este sea aprobado por la Comisión Europea en el primer trimestre de 2022 y se puedan introducir los cambios legislativos necesarios a nivel nacional, para que el mismo entre en vigor el 1 de enero de 2023. En este sentido, Planas ha admitido que aunque legalmente la fecha límite para remitir el Plan es el 31 de diciembre ha apuntado que lo ideal sería remitirlo «antes de finales de diciembre».
El ministro de Agricultura ha apuntado también hacia avances alrededor de la definición del ‘agricultor activo’ que se caracterizaría por tener un mínimo del 25% de los ingresos procedentes de la agrícultura o la ganadería, así como estar afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y recibir un importe máximo de 5.000 euros de la PAC (Política Agraria Común).
De igual modo, en el capítulo de las ayudas asociadas (dirigidas a determinados sectores), se ha acordado introducir al conjunto de la ganadería de vacuno, carne y leche. Lo que se deberá concretar en el Plan Estratégico.
Un documento de trabajo
Por otra parte, Planas ha desgranado las líneas maestras de la propuesta de Agricultura sobre la que trabajará con las comunidades autónomas en las próximas semanas. Al respecto, el ministro ha destacado que España recibirá 47.724 millones de euros de la PAC hasta 2027 de los que 4.800 millones de euros anuales irán destinados a los pagos directos. El 60% de esta última cantidad estará destinada a la ayuda a la renta y la sosteniblidad, de los que 1.200 millones corresponderá a los ecoesquemas. Una figura para la que se reserva el 25% de los pagos directos.
Por otra parte, también ha apuntado que FEADER (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) contará al año con una cantidad próxima a los 1.100 millones de euros y otros 900 millones para las denominadas medidas de mercado o programas sectoriales. A los que cabe añadir cerca de 200 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «En total, el apoyo anual de la PAC a los agricultores y ganaderos españoles suma 7.000 millones de euros», ha apuntado Luis Planas.
En este sentido, el ministro ha apostado por una nueva PAC que suponga un reparto más justo para los agricultores. En esta línea, ha apuntado hacia la reducción «a un máximo de 20 de las regiones de pago» y el objetivo de alcanzar el 85% de convergencia de los pagos en cada una de ellas en 2026. También ha hecho referencia al tope de 100.000 euros para las ayudas o la regresividad desde los 60.000 euros. De igual modo, ha puesto en valor el carácter social de la nueva PAC que dedicará hasta el 3% para ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y una especial atención con las políticas de igualdad.
Sobre la condicionalidad social, el ministro ha apuntado que habrá un cruce anual de datos de los perceptores y una lista de infractores, por la posible inexistencia de contratos de trabajo o de cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en el trabajo.