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Sunday, January 23, 2022

La UE investiga 440 millones en ayudas de España al carbón


La Comisión Europea anunció ayer la apertura de una investigación sobre las subvenciones concedidas por parte de España a las centrales eléctricas del carbón. El Ejecutivo comunitario sospecha que este esquema de ayudas, aprobado en 2007 y prorrogado hasta el año 2020, supone un incentivo ilegal que rompe el principio que rige la legislación medioambiental europea: quien contamina paga. Las autoridades españolas pusieron un marcha este régimen para apoyar la instalación de nuevos filtros en las centrales de carbón con el objetivo de reducir las emisiones de óxido de azufre. Desde 2007, 14 centrales se han beneficiado de estas subvenciones por valor de 440 millones de euros.

Bruselas sospecha que con estas ayudas, España no consiguió incentivar la reducción de emisiones ya que tan sólo se obligaba a las centrales a cumplir con lo establecido en las leyes europeas, de obligado cumplimiento. Por lo tanto, la concesión de estas subvenciones habría supuesto durante todos estos años una ventaja competitiva desleal frente a otras centrales instaladas en otros países europeos que han cumplido las la legislación comunitaria sin ningún tipo de muleta de apoyo. «Si contaminas, pagas; este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Las normas sobre ayudas estatales no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente», aseguró ayer vía comunicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Tras conocerse dicha decisión tomada por Bruselas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital explicó que estas ayudas no se financian a través de los presupuestos del Estado, sino dentro del sistema eléctrico. Según fuentes del Ministerio, este esquema de subvenciones no entraba dentro de la definición de ayuda pública cuando fue concebido y durante todos estos años la Comisión Europea conocía su existencias sin que haya puesto ningún reparo hasta el momento. Precisamente, el Ejecutivo comunitario alega que España no notificó en el año 2007 este régimen de ayudas, tal y como era su obligación. El Ejecutivo comunitario, como siempre en estas ocasiones, asegura que la apertura de una investigación no prejuzga su resultado y no se sabe cuándo llegará a una conclusión.

Este expediente irrumpe en pleno pulso entre el Ministerio de Energía, comandado por Álvaro Nadal, e Iberdrola. La empresa eléctrica ha anunciado sus intenciones de cerrar las centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) –las dos únicas que quedan en España– para centrar su negocio en las energías renovables. El Gobierno, en respuesta pretende aprobar un decreto para impedir la clausura de las centrales eléctricas si esto conlleva un encarecimiento de la luz, y contempla la subasta si el propietario no quiere seguir con el negocio. Nadal mantiene que corresponde a los poderes públicos establecer el mix energético (el porcentaje de los tipos de energía) y no a los empresas ya que se trata de decisiones estratégicas.

Bruselas está examinando si este paso del Gobierno español resulta compatible con la legislación comunitaria, aunque los portavoces europeos niegan que exista ningún tipo de relación entre los dos expedientes. En la última cumbre del clima celebrada en Bonn (Alemania) España se desmarcó de la alianza establecida entre Francia Reino Unido Italia y otros países precisamente por su negativa al cierre de estas centrales, conocidas por ser muy contaminantes y resultar incompatibles con la lucha contra el cambio climático. El carbón es percibido en Bruselas como un vestigio del S-XX, pero debido a la dificultad de activar alternativas y planes de reconversión, el ritmo del cierre de las centrales no pone de acuerdo a los socios.

Source: The PPP Economy

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