CC OO y UGT cobran casi tres millones de euros por 82.000 delegados "fantasma"
Los dos sindicatos de clase de España –Comisiones Obreras y UGT– reciben cerca de tres millones de euros por una función que no realizan y que está vinculada a la representación puramente sindical. Cerca de tres millones de euros que salen del bolsillo de los contribuyentes y que tanto CC OO como UGT perciben como subvención por los miles de delegados sindicales «fantasma» que ambos mantienen en la sombra.
En concreto, unos 82.000 delegados «fantasma» que no tienen ninguna representatividad ni ocupación porque simplemente las empresas en las que fueron elegidos ya no existen. La ecuación resulta sencilla. Entre los años 2011 y 2015, nuestro país perdió algo menos de 50.000 empresas. Sin embargo, los delegados sindicales elegidos en las empresas extinguidas siguen «vivos», inscritos en el registro del Ministerio de Empleo hasta que se cumplan los cuatro años de plazo de su función y sean «eliminados» automáticamente ante la celebración de nuevas elecciones sindicales. En otras palabras, aunque no exista empresa activa, continúan ejerciendo como si la hubiera.
Por la normativa de asignación de componentes del comité de empresa, realizando un cálculo conservador que asignaría un delegado sindical a las empresas de entre seis y 49 trabajadores, la mayoría de ellas, y cuatro delegados a las compañías de entre 50 y 5.000 trabajadores, y descontando, de acuerdo con ese baremo, el número de delegados que se han perdido por el cierre de empresas, se obtienen cerca de 82.000 delegados que figuran como tales sin ejercer. De esta forma, casi el 30% de los cerca de 280.000 delegados sindicales son representantes «fantasma».
Y las grandes centrales, las que más delegados se reparten en un sistema que claramente favorece el «bipartidismo» desde la Transición hasta la fecha, son las más beneficiadas por la existencia de estos miles de delegados sin empresa. Según las subvenciones que reciben los sindicatos del Ministerio de Empleo por ejercer la representación en las diferentes empresas, corresponden unos 36 euros por cada delegado así que entre CC OO y UGT, mayoritariamente, se estarían embolsando 2,95 millones de euros sin ninguna justificación.
Un extremo que conocen perfectamente en el Ministerio de Empleo y que, sin embargo, según denuncian fuentes del resto de los sindicatos a este diario, no se atreven a tocar para «no molestar» a las conocidas como centrales de clase. Hasta las propias CC OO y UGT admiten la existencia de estos miles de delegados que computan y cobran aunque no tengan a nadie a quién representar, pero se escudan en el hecho de que la asignación de recursos económicos para esos delegados es una cuestión que corresponde al departamento que dirige Fátima Báñez, y que es Empleo el responsable de actualizar los listados de delegados sindicales.
Sin embargo, aún siendo cierto y pese a que los sindicatos no están obligados a notificar el cierre de empresas, las grandes centrales deberían, por una cuestión de principios, informar de la ausencia de actividad sindical de sus delegados cuando se produzcan estas situaciones motivadas por la coyuntura económica.
«Paz social»
Éste constituye un ejemplo más de cómo el sistema perpetuado por los distintos gobiernos a izquierda y derecha ha favorecido a las dos grandes centrales en detrimento de los sindicatos más pequeños, en aras de la denominada «paz social», remarcan a este diario las fuentes consultadas. Con éstas y otras prácticas se ha perpetuado un «bipartidismo» que ha hecho hasta ahora imposible la pluralidad sindical, añaden las mismas fuentes.
Por eso, los sindicatos minoritarios y sectoriales han solicitado en repetidas ocasiones la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 al entender que favorece a los dos sindicatos mayoritarios y a los de ámbito exclusivamente autonómico. En su opinión, la norma otorga a estas organizaciones una serie de prerrogativas y privilegios para su participación en las instituciones, el diálogo social, la promoción de la formación profesional, la seguridad y la salud laboral, la negociación colectiva y la promoción electoral. La propuesta de reforma incluye rebajar a la mitad el nivel de representatividad exigido en la ley, del 10% al 5%, para que otros sindicatos con notoria implantación nacional puedan actuar en ámbitos de negociación de los que están actualmente excluidos por una cuota muy superior a la necesaria; por ejemplo, para optar a un escaño en el Parlamento.
Source: The PPP Economy