Reynés pide a Ribera que el decretazo no afecte a los contratos a largo plazo con industrias


La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha terminado hoy la ronda de reuniones con los primeros ejecutivos de las principales eléctricas para explicarles, ‘a toro pasado’, el decretazo eléctrico que el jueves va a ser convalidado, salvo sorpresas, en el Congreso. Por la mañana se entrevistó con el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y por la tarde con el de Iberdrola, Ignacio Galán.

Naturgy ha reiterado a la ministra la importancia y el valor del compromiso de la compañía con la sociedad y se reafirma en su voluntad de mantener su apoyo a sus clientes con medidas dentro del margen de actuación de la compañía. Naturgy anunció a principios de septiembre su iniciativa (60 euros/MWh por dos años sin condiciones), que mantiene a pesar de las medidas lanzadas con posterioridad por el Gobierno y recogidas en el real decreto ley 17/2021.

Durante la reunión, Reynés ha traslado a la ministra varias propuestas con el objetivo de contribuir a un debate constructivo ante la situación actual del sector eléctrico. Entre ellas, que la minoración prevista no se aplique a las tarifas a precio fijo/PPAs (contratos a largo plazo entre una compañía renovable y un consumidor) para clientes industriales firmadas antes del 14 de septiembre
, «porque esto impediría el desarrollo de las renovables y por tanto el cumplimiento del Pniec».

Asimismo, que se confirme el carácter «transitorio y temporal» de las medidas y asegurar que su aplicación sea solo de seis meses. De no ser así, «esta incertidumbre hará imposible firmar ningún tipo de contrato o de PPA a largo plazo».

De la reunión con Ignacio Galán, este propuso a la ministra una revisión de la tarifa regulada o pvpc similar a la que existe en Portugal y subrayó que la mayor parte de la energía generada por sus centrales nucleares e hidráulicas está vendida a través de contratos a largo plazo y muy poca en el mercado diario mayorista, por lo que rechaza el recorte que ha planteado la ministra y que supondrá una merma en los ingresos de las eléctricas de más de 2.600 millones de euros.

Ribera se reunió la semana pasada con los ejecutivos de Endesa, Acciona y EDP.
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