El precedente Alzira
La batalla jurídica entre la Generalitat valenciana y el grupo Ribera Salud por la reversión al sector público del Hospital de Alzira en abril de 2018, después de casi dos décadas de gestión privada, ha dado un fruto inesperado: una sentencia del Supremo que convierte en jurisprudencia la noción de que el Estado debe valorar las repercusiones y efectos de asumir la gestión directa de un servicio público de acuerdo con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). La sentencia, del 1 de julio pasado, establece así un antes y un después en los procesos de reversión de servicios concesionados. Las actuaciones del sector público que afecten a gastos o ingresos deberán «valorar… Ver Más
Source: Noticias