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Monday, July 26, 2021

El 33% del déficit regional "pagó" inversiones y la subida de sueldos


A pesar de que algunos gobiernos regionales se empeñan en justificar el aumento del déficit público en un problema de ingresos, las cifras no les dan la razón. En 2015, año de marcado carácter electoral, las inversiones públicas de las autonomías se dispararon más de un 34%, mientras que la partida de remuneración de asalariados públicos lo hizo en un 4%. En conjunto, el gasto regional total aumentó en 5.437 millones de euros, mientras que los recursos con los que contaron para financiarlo crecieron incluso más, con 5.657 millones adicionales. Es decir, que los ejecutivos regionales utilizaron los nuevos ingresos para elevar las partidas presupuestarias más sensibles de cara a sus votantes, en vez de para reducir los abultados agujeros presupuestarios que presentan desde hace años.

Y hay un dato que avala la citada afirmación, y es que el coste de los intereses de la deuda pública, tradicionalmente abultado, se redujo en un 45% respecto a 2014 y aportó un «colchón» de 3.453 millones. El Estado asumió esta partida de varias de las comunidades adscritas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y al Fondo de Facilidad Financiera (FFF).

Ni siquiera el alivio de uno de los capítulos más caros de los presupuestos autonómicos pudo contrarrestar el aumento de la formación bruta de capital fijo (inversión) en 3.186 millones de euros, hasta los 12.473 millones (un 34,3% más) y el de la remuneración de asalariados, que se elevó en 2.740 millones y alcanzó los 71.235 millones, un 4% más.

La suma de ambas partidas alcanza los 5.926 millones, cifra que representa el 33% –la tercera parte– de los 17.962 millones de déficit con que cerraron los gobiernos regionales el año pasado.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, es muy consciente de que, sin un fuerte ajuste en las comunidades autónomas más grandes, España volverá a incumplir el objetivo de déficit público del 3,6% del PIB este año. El gran problema de la administración regional reside en que son precisamente las autonomías con economías más abultadas las que también registraron un mayor «agujero» presupuestario en 2015. Esto implica que serán también las que más deberán reducir sus desequilibrios y las que menor margen tienen, en principio, para hacerlo.

En la mayoría de los casos, además, el desvío de estas regiones fue muy superior a su peso en el conjunto del PIB nacional el año pasado. Cataluña y la Comunidad Valenciana representaron el 28,3% de la economía española en 2015, pero el déficit conjunto que registraron en 2015 –8.080 millones de euros en pleno año electoral– supuso el 45% del desvío regional total (17.932 millones).

Para ceñirse al nuevo límite del 0,7% del PIB, tendrán que reducir sus desequilibrios en casi 5.900 millones, lo que supone el 57,5% del total del ajuste de las comunidades. Es decir, que casi seis de cada diez euros del recorte en las autonomías deberían salir de la gestión de los gobiernos catalán y valenciano. Vayamos por partes.

La Generalitat catalana, entonces presidida por Artur Mas, registró un «agujero» presupuestario de 5.532 millones en 2015, el 30,8% del total de las CC AA, con una importancia relativa del 18,9% sobre el PIB de todo el país. Si el nuevo Ejecutivo liderado por Carlos Puigdemont quiere reducir su déficit desde el 2,7% del año pasado hasta el 0,7%, nuevo objetivo, deberá aplicar un ajuste de más de 4.000 millones (ver gráfico adjunto). No obstante, fuentes de Hacienda aclaran que el ajuste de la Generalitat de Cataluña no deberá ser tan intenso, ya que el año pasado tuvo gastos no recurrentes por valor de cerca de 1.500 millones y el nuevo sistema de financiación le proporcionará ingresos adicionales de 1.862 millones (el 25% de todo el incremento regional).

Respecto a la Comunidad Valenciana, presidida por el «popular» Alberto Fabra hasta junio del año pasado y, desde entonces, por el socialista Ximo Puig, acumuló el año pasado un déficit público de 2.538 millones de euros. El ajuste necesario para reducirlo desde ese 2,51% del PIB hasta el 0,7% debería rondar los 1.400 millones, el 17,8% del total regional, para una economía que no llega a representar el 9,5% del total de la economía española.

Otras grandes regiones que registraron el pasado año abultados déficits públicos fueron la Comunidad de Madrid, con un «agujero» de 2.774 millones de euros (1,36% del PIB) de los que tendrá que recortar casi la mitad, unos 1.300 millones, y Andalucía, que cerró con un desequilibrio de 1.635 millones de euros (1,13%) y deberá ajustar casi 600 millones.

Entre las demás regiones, por volumen de ajuste destaca la Región de Murcia, que para cumplir el objetivo del 0,7% deberá reducir el déficit desde los 699 millones de euros de 2015 (2,52% del PIB) hasta el entorno de los 200, lo que implica un recorte de 500 millones. Aragón, que fue sancionada por incumplir la ley de morosidad, también deberá aplicar medidas por valor de casi la misma cantidad. La «brecha» sigue siendo muy grande, y la clave reside en las regiones con economías más abultadas. Para escenificar las diferencias entre las comunidades, basta con decir que una décima del PIB de Cataluña son casi 205 millones de euros, cifra que en Castilla y León desciende hasta 55 millones y, en La Rioja, representa apenas ocho millones.

El mayor esfuerzo relativo al tamaño de su economía lo tendrá que realizar Cataluña, de dos puntos de PIB, seguida por Extremadura (1,94% del PIB) y Murcia (1,81%). Las tres regiones que ya registraron un déficit inferior al 0,7% el año pasado (Canarias, Galicia y País Vasco) podrían incluso aprobar alguna partida presupuestaria adicional, pero el Gobierno insiste en que todas las regiones deberán cumplir la regla de gasto.

El año pasado, las tres regiones citadas fueron las únicas que cumplieron la citada norma, fijada en un incremento del 1,3%. El conjunto de las comunidades registró un alza del 4,4%, desde los 134.210 millones de euros de 2014 hasta los 140.178 millones, lo que implica un desvío de 3,1 puntos porcentuales. Las regiones que más sobrepasaron el límite fueron Baleares, que cerró con un incremento del 10,1%, y Cataluña, con un alza del 8,3%.

Las cuatro décimas adicionales de déficit que concedió Hacienda a las comunidades autónomas (del 0,3% previo al 0,7% del PIB) supondrán un «colchón» de unos 4.400 millones de euros para las comunidades. Que es el capital que no tendrán que ajustar en el presente ejercicio.

Source: The PPP Economy

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