Vía libre al fin de la huelga de taxis
La huelga indefinida en el sector del taxi, que está paralizando las grandes capitales de provincia como Barcelona, Madrid y Valencia, está muy cerca de desconvocarse. Parece que la propuesta del Ministerio de Fomento de transferir las competencias para las concesiones de las licencias de vehículos de alquiler de transporte con conductor (VTC) a las comunidades autónomas –y, de esta forma, hacer viable judicialmente la licencia urbana– ha dejado satisfechos a los representantes del taxi, que se reunieron el pasado lunes con el secretario de Estado de Infraestrcuturas y Transporte, Pedro Saura.
La decisión la tomarán esta misma noche en una asamblea en la que ya se conocerá el resultado de la Conferencia Nacional del Transporte, donde Fomento trasladará su propuesta a las comunidades autónomas. De ser así, los taxistas votarán si continúan o no con la huelga. «Creo que con lo que tenemos, se puede desconvocar», afirmó ayer a LA RAZÓN el portavoz de Élitetaxi, Alberto Álvarez. Una vez finalice la huelga, según Álvarez, la situación se tranquilizará, al menos, hasta septiembre, cuando el Gobierno intentará aprobar un real decreto ley que incluya las medidas necesarias para satisfacer las reivindicaciones del gremio.
De hecho, los taxistas de Barcelona estuvieron a punto de dar por terminadas las protestas ayer en una reunión en la que, finalmente, se decidió establecer unos servicios mínimos para atender urgencias sociales. El motivo por el que se pospuso la decisión fue que los taxistas, tras una reunión con la Generalitat, no estaban seguros de si Fomento iba a transferir todas las competencias a las comunidades o sólo algunas –lo que dificultaría la licencia urbana, principal exigencia del sector–. Por el momento, las diferentes asociaciones del taxi anunciaron que iban a mantener la huelga, a la espera del desenlace de la Conferencia Nacional del Transporte.
En esta semana intensa de reuniones, ayer fue el turno de los vehículos de alquiler de transporte con conductor (VTC), representados por Unauto, la Federación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler con y sin Conductor (Feneval) y Zonturent –en nombre de los emprearios de VTC en zonas turísticas–. El presidente de Unauto, Eduardo Martín, se alegró del compromisto del Ministerio de crear una comisión de diálogo entre la partes afectadas porque «hay que estudiar el problema en profundidad para encontrar una solución que nos satisfaga a todos». Sin embargo, Martín mostró su preocupación por que «el Ministerio esté considerado introducir un nuevo real decreto ley y que lo haga a petición y por dictado del sector del taxi».
Desde Fomento, el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte destacó que se han encargado de transmitir la idea de que «un marco estable es bueno para todos porque genera seguridad y certidumbre». Aun así, el propio Saura admitió que «hay un problema estructural» en la proporción de 1/30 entre las licencias de VTC y de taxi, y confía en el diálogo con todos los actores de ambos sectores para «buscar los acuerdos necesarios». Cuando se transfieran las competencias, cada comunidad autónoma «tomará las decisiones que considere oportunas», sentenció el secretario de Estado, Pedro Saura
Una de las reclamaciones más importantes de Unauto es la seguridad de los conductores de VTC. «Sólo durante los días del paro del taxi se han registrado más de 160 ataques a vehículos y conductores, incluyendo heridos hospitalizados y personas en tratamiento por ataques de ansiedad», informó la organización empresarial en un comunicado. Unauto, que agrupa compañías de alquiler de vehículos con conductor como Uber y Cabify, solicitó ayer al Defensor del Pueblo que estudie la situación del sector tras «las presiones y amenazas» de los taxistas y advierte al Gobierno de la «posible vulneración» de los derechos constitucionales de sus conductores y de los ciudadanos si Fomento finalmente limita sus licencias, según informa Europa Press. Para ellos, las movilizaciones, iniciadas en Barcelona hace una semana, son un «mal entendido derecho de huelga» con la intención de «doblegar» a las instituciones y a los tribunales. Concretamente, Unauto trasladó cuatro puntos clave al Defensor del Pueblo. Primero, las licencias VTC son de ámbito nacional y parten de una competencia «exclusiva» otorgada por el Estado. Segundo, las licencias cumplen con «la totalidad de los requisitos legales». En tercer lugar, la revocación de las licencias VTC supondrían «una expropiación que no podría llevarse a cabo sin una previa indemnización». Por último, la revocación de las licencias ya concedidas impediría la efectiva ejecución de las resoluciones judiciales.
Source: The PPP Economy