Una cortina de CO2
El nuevo sistema de facturación y los cambios regulatorios están introduciendo tantas novedades en el sector energético que es difícil comentarlas en una columna. Sin embargo, hay un punto en el que el Gobierno está poniendo un empeño especial y es en la ocultación del impacto que la transición ecológica tiene en los bolsillos de los ciudadanos ante el temor de que estos cuestionen su apuesta ‘verde’ en la UE.
La ministra Teresa Ribera dijo que el Gobierno no tiene nada que ver con la subida del precio de la electricidad: «Hay cosas que no dependen del Gobierno español como el precio del CO2 en los mercados internacionales». Es una afirmación destinada a confundir. Primero, los dichosos «mercados internacionales» son, en gran parte, una entelequia. El Sistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) es un mercado controlado por la Comisión Europea que es la que asigna, introduce y retira del mercado los derechos de emisión de tres sectores -industrias pesadas, plantas de producción de energía y aviación- a los que se imputa la generación del 45% de las emisiones de CO2 en la UE.
Segundo, el precio de estos derechos está sometido a un sistema de ‘flotación sucia’, es decir no se mueven libremente, sino que se mantienen dentro de una banda predefinida por Bruselas. En sus primeros años, arrojó precios muy bajos, del orden de 5 euros la tonelada de CO2. Pero los políticos, entre ellos Pedro Sánchez, exigieron que ese precio subiera. Sánchez lo pidió con entusiasmo en 2018, otra vez en octubre de 2020 con otros 10 gobernantes de la UE y lo repitió el domingo pasado en la Cumbre P4G donde exigió alcanzar la neutralidad climática en 2050. El Ejecutivo no puede excusarse en que los precios del carbono suben al margen de su voluntad, cuando el primero en presionar para que lo hagan es nuestro presidente.
En el espectacular alza del carbono -un 150% en el último año- inciden tres patologías del intervencionismo: la presión política para elevar el precio, el acaparamiento de derechos por parte de la industria y, especialmente, por los sectores que no están incluidos en el mercado de emisiones pero que prevén que van a estarlo pronto y, en tercer lugar, el sector financiero que ha descubierto un mercado con cierta volatilidad que le garantiza emociones para jugarse el dinero.
Otra cortina de humo son los ‘windfall profits’ o beneficios inesperados, fruto de los cambios regulatorios. No es verdad que este Gobierno sea el primero en regularlos. Ya el ministro Álvaro Nadal se encargó de imponer cánones a la hidráulica y la nuclear para recuperar un cuarto de esos beneficios. Pero, además de la transición ecológica, lo que hay aquí es un Estado exangüe que, según diversos cálculos, recaudará 1.000 millones más por los ‘windfall profits’ y 1.500 millones extra por los derechos de CO2. jmuller@abc.es