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Sunday, August 1, 2021

Uber y Cabify pueden lograr miles de nuevas licencias VTC por la vía judicial


Las plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) pueden hacerse con «miles» de nuevas autorizaciones para operar por la vía judicial, con la que ya se han logrado 3.740, más de la mitad de las 5.928 existentes en la actualidad en España, generando un conflicto con el sector del taxi.

El problema tiene su origen en la llamada Ley Ómnibus, aprobada en 2009 que perseguía la liberalización del sector servicios y que provocó la judicialización de las normas de proporcionalidad entre el sector de VTC y el del taxi (1 por 30).

A partir de ese momento, hubo empresas que, al ver denegadas las autorizaciones en vía administrativa por estar agotado el cupo, recurrieron ante los tribunales de justicia de las distintas comunidades autónomas, que se han pronunciado, en muchos casos, dando la razón a los interesados y que han obtenido las autorizaciones mediante la correspondiente sentencia.

Las autorizaciones conseguidas por sentencia corresponden a recursos presentados entre 2009 y 2013, año en el que el Gobierno popular introdujo la posibilidad de establecer una proporción entre el número de autorizaciones de VTC y de licencias de taxi, y, dos años más tarde, recuperó el ratio del 1 por 30 mediante un real decreto, que fue recurrido el pasado año por la CNMC.

Este otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento con conductor «fuera de contingente» por la vía judicial, a las que se pueden sumar muchas más que se encuentran actualmente pendiente de resolución, ha llevado a que en ciudades como, por ejemplo, Madrid, haya una autorización de este tipo por 7 licencias de taxi.

Así, la capital cuenta con 2.223 autorizaciones de VTC, de las que 1.705 se han obtenido por la vía judicial, frente a 15.544 licencias de taxi, según fuentes oficiales.

Este rápido aumento se debe a una comercialización más agresiva de los servicios de VTC a través de las plataformas electrónicas de contratación como Uber o Cabify, que operan tanto en España como en otros países de la UE.

El Ministerio de Fomento cuenta con las competencias de regulación del sector del VTC y su desarrollo normativo, mientras que la gestión de las autorizaciones es competencia de las comunidades autónomas, pero no tienen capacidad para actuar frente a las licencias que se logran por vía judicial.

Ante esa situación, Fomento ha convocado a una reunión el próximo martes 6 de junio, a partir de las 19.00 horas, a las comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y los ayuntamientos de las principales ciudades, para intentar transmitirles la necesidad de incrementar los controles a los vehículos VTC, según fuentes ministeriales.

En lo que va de año, en Madrid, se han inspeccionado en torno a 5.000 vehículos de VTC, de los que algo más de 1.000 han sido sancionados por captación de clientes. La mayor parte de estas inspecciones han sido realizadas por la Comunidad de Madrid, ya que el Ayuntamiento solo ha realizado 75.

En 2016, se incoaron 589 expedientes a transportes de viajeros en vehículos de menos de 9 plazas (VTC y taxi) y se realizaron 172 campañas de inspección.

Además, dentro del plan específico de control de plataformas digitales en vehículos turismos particulares se incoaron 415 expedientes, de los que 355 correspondieron a Madrid.

Efe

Source: The PPP Economy

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