Subir el salario mínimo no es inocuo, deja víctimas
Dos años después de que el Gobierno de Sánchez subiera un 22% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para pasarlo desde 735,9 a 900 euros, hemos conocido el informe del Banco de España que demuestra que, como muchos nos temíamos, la decisión no fue inocua y dejó muchas víctimas en el camino. Lógicamente los 1,4 millones de trabajadores que percibían el salario mínimo, o que ganaban menos de esos 900 euros, vieron incrementado en mayor o menor proporción su poder adquisitivo. Pero hubo miles de puestos de trabajo que se dejaron de crear como consecuencia directa de este incremento. En concreto, según el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos, el alza del SMI restó entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales a la creación de empleo ese año, con especial incidencia entre los jóvenes y los mayores de 45 años. O lo que es lo mismo, se dejaron de crear hasta 180.000 empleos por esa subida del salario mínimo.
El aumento de los costes laborales llevó a algunos empresarios, sobre todo del sector de la agricultura, o a familias que estaban pensando coger una empleada de hogar o un cuidador para sus mayores a planteárselo, o directamente a no contratarlo o hacerlo en negro, porque el presupuesto disponible no les daba para más. Hay cifras que son muy ilustrativas. En 2019, el año en que se registró la subida del salario mínimo, hubo dos sectores que registraron caída de la afiliación a la Seguridad Social: los sistemas especiales del Hogar y el Agrario. Se destruyeron unos 13.000 empleos entre empleados de hogar y más de 4.400 en la agricultura.
A pesar de estas cifras, algunos miembros del Gobierno, y, en concreto, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en que hay que seguir con el proceso de subida del salario mínimo hasta los 950 euros. Una subida que ya frenó su compañera de gabinete, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, el pasado mes de enero. Yolanda Díaz incluso agradeció su trabajo al Banco de España frente a las críticas que recibió desde otros ámbitos, como los sindicatos. Desde UGT se pidió al organismo supervisor que «se centre en sus funciones», con el argumento de que las estimaciones que vinculan el aumento del salario mínimo con la pérdida de empleo siembran «confusión en el debate público». Nada más lejos de realidad. La mejor manera de tomar decisiones es sabiendo las consecuencias que tienen. No podemos, o no debemos, decirle al Banco de España o a cualquier otro organismo que no estudie las medidas que ha aprobado el Gobierno, o mejor dicho, que no haga públicas sus conclusiones, porque no me gustan o no vienen bien a lo que yo quiero hacer.
Y aunque llueve sobre mojado –los sindicatos han criticado en muchas ocasiones a distintos gobernadores del Banco de España cuando alertaban sobre la necesidad de reformar el mercado laboral–, no deja de ser curioso que la misma semana que ellos, representantes de los trabajadores, se meten en política, mostrándose a favor de los indultos, que ya me dirán que tiene qué ver eso con su tarea de defender los derechos de los empleados, pidan al gobernador que cierre la boca. En fin, más les valdría que se aplicaran ellos su propia medicina y se dedicaran a luchar por mejorar la situación de los trabajadores. Y subir el salario mínimo, por mucho que se empeñen, tiene sentido con mesura y en función de la situación del mercado laboral y del resto de salarios. Pero ni los sindicatos ni la ministra de Trabajo pueden olvidar los efectos perniciosos de otro alza excesiva del SMI.