Sánchez recortará el crecimiento al filo de rendir cuentas a Europa
El Gobierno asume de una vez por todas que España no tendrá un crecimiento tan boyante como el esperado. Pedro Sánchez anunció ayer que el Ejecutivo prepara un recorte de su previsión de PIB para 2022, fijada en el 7% desde la presentación de los Presupuestos. Una revisión a la baja que llega con retraso, ya que casas de análisis y organismos internacionales llevan meses advirtiendo de que las previsiones españolas estaban infladas porque no tienen en cuenta el impacto económico de la invasión de Ucrania.
Sánchez, de hecho, culpó ayer del frenazo económico al conflicto vivido en el este de Europa desde finales de febrero. «Es evidente que la guerra de Putin en Ucrania está impactando en la economía española y europea y que habrá una revisión a la baja en España, Europa y el mundo. Es una certificación, pero eso no significa que no vayamos a crecer», explicó ayer el presidente en una entrevista en el programa ‘Espejo Público’, de Antena 3, donde aseveró que el crecimiento de España será «robusto».
¿En qué se traduce ese crecimiento «robusto»? Instituciones como el Banco de España y la Airef ya han vaticinado que España crecerá menos del 5% este año. Y eso pese a sufrir en 2020 la mayor caída del PIB entre las grandes economías europeas, del 10,8%. El último panel de Funcas, correspondiente al mes de marzo y elaborado con la previsión de 19 expertos, ya redujo la estimación de crecimiento de la economía española para 2022 hasta el 4,8%, 0,8 puntos menos respecto al último panel elaborado por el organismo.
Esa estimación de crecimiento estaba además confeccionada con cuatro expertos que todavía no habían modificado sus previsiones tras la invasión de Ucrania en ese momento. Si se tuvieran en cuenta solo las estimaciones de los que sí han incorporado el impacto de la invasión, la previsión media bajaría dos décimas, hasta el 4,6%.
En este contexto, los analistas estiman que el recorte de la previsión del Gobierno será cercano a los dos puntos. En principio, la revisión se incluirá en el programa de estabilidad que España debe remitir a Bruselas antes del 1 de mayo, un documento que recogerá las estimaciones del Ejecutivo en indicadores como PIB, deuda, déficit y paro para los próximos años.
Aunque ya reconoce que la economía española no crecerá al ritmo esperado este año, el Gobierno intenta mantener en pie su optimismo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya ha asegurado que el recorte de la estimación no será severo. Y ayer Sánchez se esforzó en dibujar un frenazo económico temporal. El jefe del Ejecutivo aseguró que no «pone paños calientes» a la situación, pero al mismo tiempo consideró «evidente» que el 70% de la subida del IPC se debe a los precios energéticos y eso, añadió, «tiene mucho que ver con el conflicto en Ucrania». Recordó además que según la mayoría de organismos internacionales, la inflación es coyuntural y caerá desde el 9,8% actual al 2% en 2023.
Las pensiones, con el IPC
Aún así, Sánchez reconoció que hay «amenazas y riesgos» sobre la evolución de la economía, entre ellos la propia guerra y su impacto sobre los precios energéticos. Unas amenazas que, en su opinión, no son suficientes para acometer una bajada de impuestos porque «no lo está haciendo nadie en Europa» y «no es un proyecto de país».
Más ambiguo fue el presidente al abordar el impacto que tendrá la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Sí es cierto que insistió en que las pensiones se revalorizarán con el IPC «porque así lo establece la ley». Pero también dejó en el aire la revalorización salarial de los empleados públicos, al vincularla al pacto de rentas que negocian en el ámbito privado sindicatos y patronales. Sus palabras incendiaron al sindicato CSIF, cuyo presidente, Miguel Borra, acusó ayer al presidente de estar «muy mal informado» sobre la situación de los empleados públicos y los mecanismos de fijación de sus salarios. Borra recordó que se negocian entre Hacienda y los sindicatos de funcionarios.