Reformar con agujeros
Lo más importante de la reforma de las pensiones en diferido del ministro Escrivá es siempre lo que resta por hacer. Hasta ahora hemos visto dos fases. La primera fue la que todos catalogamos como «fácil». En ella, básicamente, se optó por revalorizar las pensiones con el IPC, eliminando los llamados ‘gastos impropios’ y cargando a los Presupuestos del Estado el déficit de la Seguridad Social que durante la década pasada rondaba los 20.000 millones de euros, es decir, en torno a un 1,5% del PIB. También se derogó el factor de sostenibilidad de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy. La segunda fase consistió en sustituir este factor por un mal llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) cuya gran novedad es que eleva las cotizaciones empresariales -que ya eran de las más altas de Europa- y hará más difícil la creación y el mantenimiento del empleo en un país con tasas de paro desproporcionadas. En conjunto, estas dos etapas suponen que el déficit del sistema aumentará en 3,5 puntos porcentuales del PIB por año, como el mismo gobierno reconoce en el ‘Aging Report’ de la Unión Europea, mientras que sólo se allegan nuevos recursos equivalentes a 0,2 puntos porcentuales. Es decir, hasta ahora, Escrivá ha agrandado el agujero en 1,8 puntos del PIB.
Entre otras cosas, las reformas han hecho que el gasto en pensiones sobre PIB, que en 2019 era igual a la media de la Eurozona (12,2%), se dispare en tres años al 13,3% del PIB que se estima alcanzar en 2022.
Al menos cuatro de los autores de la reforma de las pensiones de 2013 han criticado públicamente los cálculos de Escrivá. El mayor problema es la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo que no responde a su nombre. «La subida de cotizaciones no introduce ningún mecanismo de equidad intergeneracional, no garantiza la sostenibilidad ni mejora la equidad del sistema, reduce su contributividad y carga el mayor gasto sobre generaciones más jóvenes», dicen Rafael Doménech (BBVA Research) y Enrique Devesa (U. de Valencia e IVIE). En esta crítica coinciden Miguel Ángel García, que integró la comisión por CC.OO., e Ignacio Conde-Ruiz (Fedea).
Paradójicamente, el factor de sostenibilidad derogado sí hacía que los ‘boomers’ asumieran el peso del ajuste, puesto que preveía una reducción de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida y permitía compensarla extendiendo la vida laboral voluntariamente.
Ahora quedan dos etapas imprescindibles. Una tiene que ver con los años de cálculo de la pensión que Escrivá quiere aumentar y que Podemos ha declarado línea roja. Ahí es dónde podría recaer la mayor parte del ajuste si creemos en lo que el ministro decía cuando estaba en la Airef (que la Seguridad Social necesitaba recursos a corte y ajustes a largo). La otra concierne a la creación del nuevo esquema de ahorro privado para la jubilación, que se hace más necesario que nunca mientras más incertidumbre creen las reformas. jmuller@abc.es
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