Por qué Cataluña es la gran beneficiada de la liberación de tramos de peaje en carreteras
Hoy, miércoles 1 de septiembre, los peajes de las autopistas AP-7 y AP-2, de titularidad estatal y C-32 norte y C-33, de la Generalitat, quedarán sin efecto. Así, más de 550 kilómetros de vías de capacidad que hasta ahora eran de pago para sus usuarios quedarán liberados tras décadas.
Según indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la liberación de las autopistas estatales supondrá un ahorro de 752 millones de euros (662 millones en Cataluña y 90 millones en Aragón) para los conductores que utilizaban dichas vías. Todo ello después de que el Ejecutivo central decidiera no renovar la concesión a Albertis de estos tramos de carretera.
En el caso de la AP-7, se liberalizan dos tramos: el que va desde La Junquera (Gerona) hasta Salou (Tarragona), y el que conecta Montmeló con El Papiol, en Cataluña. En el caso de la AP-2, se levantan barreras en el tramo que une Zaragoza con El Vendrell, en Tarragona. En cuanto a las que están en manos de la Generalitat. se liberalizan los tramos de Barcelona a Lloret de Mar, en Girona, perteneciente a la C-32, y de Barcelona a Montmeló, de la C-33.
Así, Cataluña será la región más beneficiada por la medida, ya que la mayor parte de carreteras de pago que transcurren por la comunidad dejarán de serlo y solo habrá 120 kilómetros con peajes explícitos (cuatro tramos).
El Estado será quien tendrán que asumir el mantenimiento de las vías, las cuales cuentan todos los días con un abundante flujo de tráfico, ya que conectan lugares muy visitados, tanto por turistas como por transportistas, por su conexión fronteriza con Francia.
Esta medida, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la Moncloa ha elaborado para la Comisión Europea para determinar cómo va a invertir los 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la UE que España recibirá hasta 2026, se enmarca dentro de la paulatina política de liberalización de los peajes en las vías de titularidad pública. Y es que, antes de estos, ya se habían liberalizado otros 620 kilómetros al desmantelarse las barreras y cabinas de pago de la AP-1, entre Arminón, en Álava, y Burgos, de la AP4, entre Sevilla y Cádiz, y la Ap7 en el tramo que une Alicante y Tarragona.