Planas no cree que la sentencia de la Justicia europea «ponga en tela de juicio las relaciones con Marruecos»
Había más interés del habitual tras la reunión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas con las organizaciones profesionales agrarias (opa) Asaja, COAG y UPA para informar sobre la elaboración del Plan Estratégico para la PAC (Política Agraria Común) 2023-2027, a propósito de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) por la que se anulaban los acuerdos pesquero y agrícola entre la Unión Europea y Marruecos. Un fallo que ha sembrado la inquietud entre el sector pesquero español por la suerte que correrá el caladero saharaui, y que ha llevado a las opas a exigir controles fronterizos más estrictos. En cualquier caso, Planas – que fue embajador en el reino alauí entre 2004 y 2010 – cree que este fallo «no pone en tela de juicio la relación con Marruecos ni la amistad que preside las relaciones con este país» aunque, en cualquier caso, ha garantizado que el Gobierno «preservará» los intereses de los agricultores y pescadores españoles.
Sobre este tema, el titular de Agricultura ha recordado también que la sentencia es recurrible – en un plazo de dos meses y diez días- y que las instituciones europeas, especialmente el Servicio Exterior europeo que encabeza el español Josep Borrell y la Comisión Europea «analizan jurídicamente» la situación para interponer o no un posible recurso. Al respecto, las organizaciones agrarias han exigido con mayor o menor intensidad el refuerzo de los controles en frontera para que los productos de terceros países cumplan con la legislación europea. En concreto, COAG ha pedido que se refuerce la acción de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) en los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, el titular de Agricultura también ha informado de que su departamento trabaja junto a otros ministerios como el de Presidencia en el decreto de ayudas a los damnificados
por el volcán en Las Palmas, que prevé aprobar la próxima semana.
Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria
Otro tema que también se coló en la reunión con las principales organizaciones agrarias – ajeno completamente a la PAC – fue el de la aprobación ayer en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que seguirá ahora su tramitación en el Senado antes del definitivo aval de la Cámara Baja. Tanto el ministro Planas como Asaja, COAG y UPA mostraron su satisfacción por el acuerdo entre los grupos políticos alrededor de este texto. En concreto, el ministro ha considerado que se trata de «un paso adelante muy positivo» y recordado que la crisis sanitaria ha revalorizado al sector agrícola de cara al resto de la sociedad.
Entre las organizaciones agrarias un aplauso general, con matices, y comprensión hacia la excepcionalida del plátano de Canarias. Una novedad respecto a posicionamientos anteriores de las organizaciones agrarias. Por ejemplo, el presidente de Asaja Pedro Barato ha avisado de que «quedan más cosas por hacer» y advertido contra la sobreproducción de normas legislativas que luego no se aplican totalmente. En su opinión un ejemplo de esto es la Ley de Productos Perecederos que establece el pago a los productores en 30 días. Para el secretario general de COAG Miguel Blanco, «la modificación de la ley es muy positiva» y cree que el reto ahora está en que se cumpla. En este sentido, ha destacado que se haya logrado «prohibir las ventas a pérdidas en el último eslabón de la cadena». Por su parte, Lorenzo Ramos (UPA) se ha felicitado por la aprobación de esta norma resultado de las movilizaciones desarrolladas durante inicios de 2020.
Conferencia sectorial en octubre
Sobre la nueva PAC Planas ha anunciado que durante el próximo mes de octubre convocará una nueva Conferencia Sectorial para analizar los avances en materias como la definición de ‘agricultor profesional’ – el receptor de las ayudas- para el que se han pactado tres condiciones (que esté dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que al menos el 25% de su renta anual venga de actividades agrarias o ganaderas o que ya sea preceptor de ayudas inferiores a los 5.000 euros) y los ecoesquemas, que quiere que sean accesibles a todos los agricultores y ganaderos, así como que giren sobre una agricultora baja en carbona y la agroecología.
En juego un montante de 1.107 millones de euros, el 23% del presupuesto total de las ayudas directas de la PAC. «Se harán atractivas y sencillas», ha prometido. Además el ministro ha puesto puesto en valor que la nueva PAC aportará 47.742 millones de euros entre 2023 y 2027, a los que se debe sumar otros 2.000 millones del Plan de Recuperación, así como el trabajo de consenso entre las 17 comunidades autónomas.
Asaja, COAG y UPA han puesto sobre la mesa del ministro diferentes propuestas y matices como el establecimiento o no de límites a la percepción de ayudas, los criterios de medición de las ayudas acopladas o que la definición de agricultor profesional deje al margen o no a los agricultores parciales.