Lucha antifraude, la mejor medida recaudatoria
«Recaudar» es la palabra mágica en la fórmula de cualquier gobierno. Hasta los menos dados al gasto piensan en aumentar los ingresos para reducir deudas o déficit. Por ese motivo, cuando la crisis provocó que descendiese la recaudación fiscal, se despertó un mayor interés en las autoridades para luchar contra el fraude como una medida importante para engrosar las arcas del estado.
El Jefe del área de Análisis Particularizado del Gasto Público de la Oficina Antifrau de Cataluña, Bruno González Valdelièvre, cree que «obviamente» la lucha contra el fraude debe ser una medida prioritaria para aumentar la recaudación fiscal. No obstante, opina que todavía hace falta resolver ciertas preguntas para que las medidas sean lo más efectivas posibles. Así, hay que plantearse «¿cuáles han de ser las prioridades de la lucha contra el fraude fiscal? o ¿en qué sectores y a qué perfiles de defraudadores se ha de atacar con más recursos?».
Eso sí, en los últimos años se ha avanzado bastante. Y se observa muy claramente en los datos sobre las actuaciones antifraude que el pasado miércoles dio el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. La evolución es evidente. Mientras en 2012, este tipo de medidas consiguió ingresar 11.157 millones de euros, en 2015 ya se alcanzó el récord histórico, los 15.664 millones. Y tras ella, la segunda cantidad más alta registrada es la del año pasado, la que anunción Gascón, más de 15.000 millones. Una cifra bastante elevada si se tiene en cuenta que por el Impuesto de Sociedades (el destinado a las empresas), se recaudó poco más de 23.000 millones en 2017 o por el conjunto de los impuestos especiales (como alcohol, tabaco o hidrocarburos) también poco más de 20.000 millones de euros.
Límite: 2.500 euros
En definitiva, la lucha antifraude se ha convertido en una figura fiscal en sí misma. El 19 de noviembre de 2012 entró en vigor una de las medidas que más han impactado en este sentido, el límite de 2.500 euros en el pago en efectivo entre empresas o profesionales. Así, se intenta que los pagadores (sobre todo en el comercio minoritsta) no evadan su responsabilidad fiscal con el IVA. Si Hacienda detecta que un contribuyente se excede en este límite, le sancionará con un 25% de la cantidad que se haya transaccionado.
González Valdelièvre considera «significativo que una medida de lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo sea precisamente el límite de 2.500 euros para pagos en efectivo». Con esta medida también se evita que se pague con grandes cantidades de dinero a empresas (amigas de los defraudadores) que residen en paraísos fiscales, lo cual se usaba a menudo para blanquear capitales.
Source: The PPP Economy