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Thursday, December 2, 2021

Los retos mínimos del futuro Gobierno


Pese a que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, las carteras del futuro Gobierno se encuentran repletas de deberes. Si bien esta semana ha comenzado la ronda de contactos para formar un Ejecutivo, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha planteado pactar, cuanto antes, al menos un acuerdo de mínimos en el que lo más urgente sería consensuar los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y fijar el techo de gasto para la consolidación del déficit.

Cumplir con nuestros compromisos debe ser la máxima prioridad, y Bruselas ya ha activado el mecanismo para sancionar a España por su elevado déficit público. Las autoridades comunitarias reclaman nuevos ajustes ante «la falta de medidas eficaces» y aprobarán, en breve, una nueva senda, con un año más para cumplir el déficit y objetivos del 3,7% del PIB para este año y del 2,5% del PIB el próximo. Más allá de valorar los esfuerzos realizados por nuestro país y asegurar que aplicarán las normas con inteligencia, la multa podría ascender hasta los 2.000 millones –al margen de congelar hasta el 50% de los fondos estructurales–. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aseguró tajantemente que no habrá sanción económica. No obstante, el dictamen habla abiertamente de esa posibilidad.

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO. Los nuevos Presupuestos tienen que reflejar una reducción del gasto público próxima a los 10.000 millones de euros, ya que por el lado de los ingresos no existe mucho margen. Y es que aunque en verano se haga caja, los primeros seis meses del año han sido nefastos para la recaudación, lo que compromete los objetivos de déficit y la política económica en general.

El techo de gasto de la Administración Central debería reducirse en torno al 3%, según Javier Santacruz, economista del IEB. En 2015, fue de 123.394 millones de euros, un 4,4% inferior al del año anterior. Ahora no sólo es que haya que elaborar unos Presupuestos para 2017 que cumplan con lo que manda Bruselas, sino que no habría que solicitar ningún aplazamiento. Caer en la tentación de dilatar los plazos sería pan para hoy y hambre para mañana.

El déficit público español alcanzó el año pasado el 5,1% del PIB, casi un punto por encima del 4,2% que exigía Bruselas para lograr encarrilar el desvío por debajo del 3% en 2016. La CE ha propuesto dar un año más al país para que lo logre. Aun así, son muchos los que discrepan con multar a España, porque ha reducido el déficit un 40% en cuatro años.

Si pronto se aprobaran unos PGE que reflejaran medidas drásticas de reducción del déficit –con bajadas del gasto y aumentos de ingresos–, éste podría situarse en el 5,05% del PIB en enero, según cálculos de Santacruz. En cambio, si las medidas fueran más laxas, incluyendo algún aplazamiento y evitando cualquier bajada del gasto, sería del 5,29%. En el peor de los escenarios –sin aprobar los Presupuestos cuanto antes y sin llevar a cabo controles del gasto–, el nivel del déficit público podría escalar hasta el 5,79% del PIB a comienzos de 2017.

El próximo Ejecutivo se enfrentará al desafío de gobernar mediante acuerdos. Y el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, el desbloqueo de los proyectos y acciones legislativas que hayan quedado en suspenso durante este largo período de interinidad gubernamental y la creación de comités que trabajen en reformas con cierto consenso podrían reforzar la imagen de España en los mercados y la percepción generalizada de que la estabilidad financiera y las bases del crecimiento económico siguen ahí. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Bangor University e investigador de Funcas, piensa que dado que el Gobierno tendrá que operar sin mayorías claras, el avance en las reformas dependerá mucho de la capacidad de diálogo y acuerdo. Y agrega que «no sería nada conveniente revertir las reformas iniciadas. De hecho, hay que avanzar más en ellas. Algunos aspectos críticos como la educación, el modelo energético o la inversión en I+D apenas se han tratado. Queda mucho por hacer».

Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, corrobora que hay que continuar por el camino reformista para consolidar nuestro crecimiento. En concreto, insta a seguir profundizando en la reforma laboral para dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo, a acometer una reforma de las pensiones y a continuar con la de las Administraciones Públicas.

Carbó explica que si no se controla el déficit se pierde la confianza externa y, de paso, aumenta el escrutinio y la preocupación de las autoridades europeas. La reputación de los países en el contexto post-crisis se está definiendo en términos de estabilidad y de sostenibilidad, «y mantener déficit y deuda a raya es esencial para lograr ambas cosas». El investigador de Funcas defiende en mayor medida la apuesta por la eficiencia que por la del recorte del gasto, y opina «que los aplazamientos bien razonados y con credibilidad permiten ajustar de forma progresiva en tanto en cuanto se afianza la recuperación. Lo que no cabe es que se aproveche el aplazamiento para incumplir», apostilla.

José María O´Kean, catedrático de Economía aplicada y profesor en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), asevera que la corrección del desequilibrio presupuestario debe ser el reto prioritario para el próximo Gobierno. El déficit origina deuda, la deuda hay que devolverla o refinanciarla, y cuando es muy elevada suele ser a tipos de interés más altos, que suponen más gastos para el presupuesto siguiente y más déficits y más deuda, y así sucesivamente. También señala que el BCE está comprando deuda en el mercado secundario porque espera de España un comportamiento responsable de ajuste del déficit. Y advierte de que si esta predisposición cambia, el BCE dejará de comprar la deuda española, por lo que la prima de riesgo podría dispararse. O´Kean afirma que en el caso de que la economía continúe creciendo y haya un poco de inflación, se podría reequilibrar el desequilibrio sin tocar los gastos. Aunque otra cuestión es que existan muchas partidas –lejos de la Educación, la Sanidad o las pensiones– «que se pueden reducir porque son gasto corriente innecesario con el que se paga el clientelismo político».

Juan Ignacio Crespo, autor de «¿Por qué en 2017 volveremos a entrar en recesión?», advierte de que entre 2016 y 2017 el sector público español tendría que ajustar 23.000 millones de euros (lo que va de un 5,1% de déficit sobre PIB a un 2,8%), lo que, en su opinión, sólo es posible mediante una mezcla de reducción del gasto y aumento de ingresos. En cualquier caso, le parece muy difícil cumplir en dos años. Máxime, si como parece no hay gobierno efectivo hasta después del verano –el ajuste se quedaría para 2017 casi íntegro–. Crespo alerta de que la proximidad de una posible recesión global no sólo complicará la consolidación del déficit, sino que creará problemas nuevos. Sin embargo, como la crisis será global, «Bruselas tendrá que abrir la mano con todos los países». Aun así, no cree que el nuevo Gobierno deba negociar ningún aplazamiento, porque cada año de retraso en el cumplimiento del objetivo de déficit son cuatro o cinco puntos que se añaden a la deuda acumulada.

Más allá de la consolidación del déficit, existen otros desafíos de importante calado, como crear empleo, garantizar las pensiones, bajar los impuestos, mejorar las políticas de educación, captar inversión o atraer empresas que podrían salir de Reino Unido tras el Brexit. El sector financiero, por ejemplo, se enfrenta al reto de continuar reduciendo su volumen y migrar hacia la digitalización. Pero el nuevo Gobierno, sea del color que sea, deberá asumir que «la banca es como el aceite en un coche. Puede parecer innecesaria, pero es básica». Rafael Martins de Lima, socio director de martinsdelima & partners, resalta que sin banca no hay economía eficiente que genere puestos de trabajo y riqueza.

GARANTIZAR LAS PENSIONES resulta una de las máximas prioridades teniendo en cuenta el problema demográfico en España. El Gobierno ha sacado 8.700 millones de euros de una hucha que se resquebraja. Y es que el fondo de reserva de la Seguridad Social se ha quedado con 25.176 millones de euros, y podría agotarse a finales de 2017.

A pesar de que el Pacto de Toledo se alcanzó para sacar el tema del debate político, continúa perenne. Sin embargo, si no se hace nada para asegurar su viabilidad, el actual sistema de pensiones estará en riesgo. Los expertos piensan que todavía hay tiempo para acometer las reformas necesarias con el fin de adaptarlo a la nueva realidad demográfica. Pero mientras algunos consideran que el sistema de reparto es uno de los principales inventos del siglo XX, otros quieren cargárselo.

Julio Fernández, profesor del IEB, afirma que a día de hoy, «mientras el sistema de financiación siga siendo el mismo, la única alternativa sería no pagar la extra de los jubilados». No cree que sea el momento de debatir las causas, sino de buscar soluciones. «Hemos traspasado el fatídico umbral de dos cotizantes por cada pensionista, lo que provoca que nuestro actual sistema de pensiones resulte insuficiente». El sistema de reparto español muestra signos de agotamiento. Por ello, «el gran reto del nuevo Gobierno es dar viabilidad a un sistema de pensiones digno, generoso y que nos permita vivir con garantías en el último ciclo de nuestras vidas».

Los distintos partidos proponen aceptar una reducción de la pensión media respecto al sueldo medio y compensarlo con ahorro privado, aumentar los recursos públicos con subidas de los impuestos, o reformas que generen empleo y mejoren la productividad. Pero Fernández aboga por dejar a un lado este tipo de iniciativas «paramétricas» y abordar una reforma de calado, adoptando diferentes fórmulas basadas en modelos de capitalización, asegurando una solidaridad intergeneracional, a través de mínimos garantizados, sistemas de revaloración constante para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y la inclusión de cuentas nocionales con el fin de que el trabajador perciba unos ingresos en función de las aportaciones realizadas.

Source: The PPP Economy

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