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Thursday, September 23, 2021

Los interinos con más de diez años de antigüedad podrán ocupar su plaza sin opositar


El Gobierno consiguió salvar finalmente in extremis el decreto de los interinos. El conocido como «icetazo» desde algunos sectores saldrá adelante gracias al acuerdo de última hora con los socios de Gobierno. Para lograr convalidar el pacto, la ahora ministra de Hacienda y Función Pública, oganismo que heredó la norma del anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ofreció a los grupos del Congreso modificar el decreto ley de estabilización de empleo temporal en la Administración Pública. Finalmente, la ministra María Jesús Montero incluyó la opción de realizar oposiciones no eliminatorias y eximir así de ellas al personal temporal con más de diez años de experiencia que no haya obtenido plaza en ese período.

Montero adelantó durante el debate parlamentario que estos cambios se introducirán durante la tramitación del decreto como proyecto de ley y, al mismo tiempo, se comprometió a tenerlo aprobado antes de que finalice el próximo mes de octubre. Según detalló Montero, el personal temporal con más de diez años de experiencia en la Administración se acoja al artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, una norma que habilita la valoración de méritos para el acceso como una posibilidad excepcional.

La norma también contemplará durante su tramitación como proyecto de ley que las comunidades autónomas tengan la última palabra y puedan elegir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino.

Coto a la temporalidad

El acuerdo inicial fue pactado por Iceta con los sindicatos semanas antes de su llegada al Congreso. El objetivo es regularizar a 300.000 interinos y conseguir que la temporalidad baje desde el 30% al 8%, una meta que se debía haber cumplido ya en 2020, según informó ABC. No obstante, los sindicatos apuntan a cifras más altas y calculan que el abuso laboral en la Administración afecta a entre 800.000 y 900.000 trabajadores.

El pacto no fue recibido por propios interinos, quienes a través de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, protestaron para intentar tumbar el decreto aprobado por el Gobierno.

Source: Noticias

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