Los expertos advierten del peligro de intervencionismo político en el fondo público de pensiones
El proyecto de ley del fondo público de pensiones entra en la fase decisiva para su aprobación. En las próximas semanas, los partidos políticos deberán trasladar sus enmiendas parciales, para que el texto vea luz verde antes de pasar el examen de Bruselas en junio, cuando se revisarán los hitos comprometidos en materia Seguridad Social para liberar el segundo tramo anual de financiación procedente de la Unión Europea. Sin embargo, los análisis de expertos y economistas sobre el diseño del nuevo vehículo de ahorro para la jubilación no invitan a confirmar, por parte de los partidos políticos, un plan que muestra debilidades de calado para lograr el objetivo de impulsar el ahorro para la jubilación en nuestro país.
De hecho, el informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) arroja conclusiones dispares sobre los efectos que puede tener en la práctica el despliegue de la medida, tal y como se ha apuntalado en el proyecto de ley. El director ejecutivo de la Fundación, Ángel de la Fuente, al menos señala su ‘Comentario al proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones’ tres deficiencias que pueden obstaculizar el desempeño del instrumento: el excesivo poder de decisión del Gobierno sobre los planes de empleo de promoción pública, los requisitos impuestos para la política de inversiones y la incoherencia del esquema de incentivos fiscales.
El primero de los problemas reside en las comisiones de control previstas por el Gobierno. En este sentido, los expertos detectan un «elevado peso del Gobierno» en estos órganos y, especialmente, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en comparación con los fondos y planes ya existentes, con una menor supervisión por parte de las administraciones públicas.
Directamente relacionado con este problema está el de los requisitos de la política de inversiones. Aquí, Fedea es donde advierte del riesgo de intervencionismo sobre los ahorros depositados en estos planes de promoción pública. «La norma concentra un excesivo poder sobre los planes de pensiones de promoción pública en manos de dos comisiones dominadas por el Gobierno y con un mandato poco claro en materia de criterios de inversión, lo que podría dar lugar a un cierto intervencionismo político en la asignación de un componente potencialmente importante de los flujos de ahorro que sería muy poco recomendable», apunta el informe.
Peligran las rentabilidades
En este sentido, también el plano de las inversiones se podría generar un problema adicional sobre las rentabilidades de estos planes y, por ende, para el futuro capital disponible en la jubilación procedente del plan de ahorro. «Además del riesgo y la rentabilidad ya recogidos en la normativa general en los fondos públicos de pensiones han de tenerse en cuenta también el impacto social y medioambiental de las inversiones y su posible efecto sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible», advierten los expertos.
En este sentido, la combinación de ambos factores «podría introducir distorsiones políticas en la asignación del ahorro canalizado a través de los fondos de promoción pública, lo que entre otras cosas tendería a comprometer su rentabilidad ajustada por riesgo, trasladando así a los partícipes y beneficiarios de los planes integrados en ellos parte de los costes de perseguir ciertos objetivos de política que deberían financiarse por otras vías».
Por último, Fedea advierte que la ausencia de incentivos concretos y con el actual diseño, el fondo público será casi inaccesible durante un periodo temporal para la mayoría de los asalariados de nuestro país. Entre la falta de planes que ya aglutinen a los trabajadores del mercado laboral por la escasa extensión del modelo de ahorro colectivo y las prisas por aprobar la norma para cumplir con Bruselas, los trabajadores asalariados deberán de esperar -también por la falta de incentivos- a que estos planes de pensiones se extiendan por las empresas para ver un incremento efectivo y real tanto de ahorradores como de patrimonio gestionado por el sector financiero.
«En el caso de los trabajadores asalariados nada garantiza que sus empresas pasen a estar cubiertas en un tiempo razonable por planes de pensiones de empleo, de promoción pública o no, y mientras tanto ven muy limitada su capacidad de ahorro a través de planes individuales», apunta el informe.