Los ayuntamientos podrán limitar los precios del alquiler
Intervenir los precios. Aunque los expertos coinciden en que la solución para rebajar los precios del alquiler es incrementar la oferta de viviendas para arrendar, el PSOE y Podemos consideran que la solución para detener la escalada de precios del alquiler es que las administraciones fijen los precios. Así lo recoge el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019 que han firmado ambas formaciones. Entre las medidas que recoge se incluye que los ayuntamientos puedan elaborar un “índice de precios de alquiler de referencia” de revisión periódica. Los que lo consideren, “podrán declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual”. En estas áreas y por tiempo limitado, los consistorios podrán “regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler”.
El proyecto incluye también la posibilidad de que las administraciones públicas competentes “ejerzan derecho de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble”. El Ministerio de Fomento ha declarado que uno de sus objetivos es contar con un parque de 20.000 viviendas para destinarlas al alquiler social en cuatro años y ésta podría ser una vía para nutrirlo más rápida que construirlas.
PSOE y Podemos también quieren modificar algunos aspectos que afectan a los contratos de alquiler. Entre otras medidas, proponen que no se puedan pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta. Además, establecen que el derecho del arrendador a recuperar la vivienda antes del plazo legalmente establecido deberá estar recogido en el contrato de arrendamiento. También se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años y se ampliará la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas. El acuerdo recoge que si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más.
El acuerdo establece un incremento gradual del Presupuesto estatal destinado a vivienda. Para el año próximo, si se aprueba, incluye una partida de 630 millones de euros, un 38% más que en 2018. La intención de ambos partidos es, si siguen gobernando, aumentarlo a 700 millones en 2020 y alcanzar los 1.000 millones de euros en 2021. En un plazo de diez años, ambas formaciones consideran que España debería invertir el 1-1,5% del PIB en políticas de vivienda.
Source: The PPP Economy