Las VTC perderán la licencia con tres sanciones en dos años
La nueva Ley del Transporte que aprobó ayer el Congreso de los Diputados introduce nuevas medidas propuestas por PSOE y Unidas Podemos que endurecen el régimen para las VTC. Los cambios contemplan que la imposición de tres sanciones en un periodo de dos años a partir de la imposición de la primera de ellas pueda dar lugar a la revocación de una licencia. Inicialmente, el proyecto aprobado por el Gobierno pasaba por la retirada de la misma si se imponían cinco sanciones en un año.
Asimismo, el nuevo texto define como infracción muy grave la búsqueda de clientes que no hayan precontratado el servicio, endureciendo así la posible revocación de licencia, en línea de las reivindicaciones del sector del taxi.
El Congreso acordó también fijar sanciones de entre 401 hasta 6.000 euros para castigar la morosidad en el transporte de mercancías por carretera en la reforma, en base a la enmienda pactada entre PSOE, PP y PDECat.
El nuevo régimen sancionador prevé multas de entre 401 a 600 euros cuando el precio del transporte sea inferior a 1.000 euros; de 601 a 800 euros cuando la deuda no alcance los 1.500 euros, y de entre 801 y 1.000 euros para aquellas deudas de entre 1.501 y 3.000 euros; todas ellas consideradas infracciones graves.
A partir de esa cantidad serán consideradas infracciones muy graves, con castigos de 1.001 a 2.000 euros, cuando la deuda se sitúe entre los 3.001 y 4.000 euros; multas de 2.001 a 4.000 euros para deudas de hasta 6.000 euros, y a partir de ahí, multas de 4.001 a 6.000 euros. Además, la reforma tipificará como infracción muy grave la salida de vehículos VTC del lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio, al igual que no facilitarlo a los servicios de inspección.
Todas estas infracciones, en caso de arrastrar previamente una sanción, conllevarán una multa de entre 2.001 a 6.000 euros. Junto a ello, el texto normativo incluye una enmienda pactada entre el PP y el PSOE para permitir que en los próximos dos cursos escolares puedan prestar servicios de autobuses de entre 10 y 18 años y hasta 20 en caso de territorio insular.