Las regiones podrán endeudarse más
Después de conseguir que Bruselas desistiera en su empeño de que España dejara de ser el país europeo con mayor déficit público en los próximos años, permitiendo a todas sus administraciones endeudarse más de lo acordado con anterioridad, llegaba el momento de repartir esa pírrica victoria. Y las comunidades autónomas están de enhorabuena, en particular las más endeudadas y, en consecuencia, las que más se han tenido que apretar el cinturón en los últimos años de crisis. Del 1,3% de desajuste previsto en 2019 para el conjunto de las cuentas del Estado se pasó a un 1,8%. Para 2020, España deberá recortar los «números rojos» hasta el 1,1%, frente al 0,5% inicial, y en 2021, cuando España debía registrar un superávit del 0,1%, el primero después de 14 años en déficit, ahora podrá tener un déficit del 0,4%.
Todo esto se traduce en una disponibilidad de unos 5.500 millones adicionales a los recortes de cerca de 11.000 millones de euros que deberían haberse afrontado sólo en 2019, según reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cumplir la anterior senda de déficit. Y de esas cinco décimas extra de déficit para el próximo año, las comunidades autónomas se llevan dos. Las regiones podrán endeudarse «entre 2.400 millones y 2.500 millones» más de lo que esperaban para el próximo ejercicio, según acordó ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera y explicó la ministra de Hacienda, quien anunció que para 2020 las regiones se podrán desviar, todavía, una décima y que para 2021 deberán ya de cuadrar sus cuentas.
Las autonomías gobernadas por el PSOE, excepto la Comunidad Valenciana, que se abstuvo, votaron en bloque a favor del nuevo objetivo de déficit regional. En contra se situaron las gobernadas por el PP y Canarias.
El consejero manchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, señaló que con la nueva senda de estabilidad se «suaviza el esfuerzo» que tienen que realizar las regiones. Por su parte, Cantabria defendió que repartir la flexibilización de déficit entre las comunidades es «justo», entendiendo que va a servir para que las administraciones regionales puedan destinar más recursos a sanidad, educación y política social.
Tanto Galicia como Canarias mostraron su rechazo porque, a su juicio, incide en un mayor endeudamiento. Según el consejero gallego, el popular Valeriano Martínez, el enfoque de la medida propuesta por el Gobierno es «una equivocación» porque se centra en un mayor endeudamiento. El también consejero popular de Hacienda de Murcia, Fernando de la Cierva, coincidió en que la propuesta del Gobierno supone un retroceso en el control de las cuentas públicas. «Lo que se nos está vendiendo es que las comunidades nos endeudemos y en cambio no vayamos a obtener mayores ingresos cuando la hipoteca que ya tengo no puedo pagarla», denunció. Por su parte, la consejera canaria, Rosa Dávila, reivindicó que para las comunidades que han cumplido los objetivos no sirve de nada esta medida. «En todo caso es un premio para las comunidades que no han cumplido», remarcó, esperando que haya una oferta de Hacienda a las autonomías cumplidoras.
Reforma de la financiación
En este sentido, la titular de Hacienda se comprometió a flexibilizar las condiciones para que los ayuntamientos y comunidades autónomas en superávit puedan invertir estos fondos, ahora limitados por el «encorsetamiento» de la regla de gasto. Con anterioridad al Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero aseveró que esta iniciativa se emprenderá una vez que las Cortes hayan dado el visto bueno a la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2021 que se aprueba hoy.
El objetivo del Gobierno es ampliar el porcentaje de superávit que se puede dedicar a inversiones financieramente sostenibles más allá de la regla de gasto –que impide aumentar el gasto más de un determinado porcentaje–, así como «modificar el concepto» de estas inversiones, lo que permitirá desarrollar proyectos que ahora no son posibles. Hacienda pretende convocar este mes la comisión encargada de estudiar la modificación de la regla de gasto para analizar «con más detalle» los elementos que se pueden incorporar, según recogieron varias agencias.
En lo que coincidieron mayoritariamente los representantes de las regiones es en la necesidad de abordar cuanto antes la reforma de la financiación autonómica. A su llegada a la reunión, el conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, sostuvo que esta región es «la peor financiada» y que «buena parte» de su deuda y de su déficit son «producto de la infrafinanciación».
También la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, la popular Pilar del Olmo, solicitó reformar el modelo de financiación. «Estamos infrafinanciados», explicó.
Source: The PPP Economy