La UE suavizará el déficit a cambio de 4.000 millones de ajuste en 2017
La Comisión Europea está dispuesta a ser más indulgente con España en su objetivo de déficit para este año –debido al parón político sufrido durante los últimos meses– y concentrar el grueso del esfuerzo fiscal el año que viene. El pasado mes de mayo, Bruselas propuso una prórroga un año más, hasta 2017, para que nuestro país vuelva al redil de un 3% de déficit público. Esta moratoria no ha sido puesta en cuestión, pero Bruselas desconfía de que nuestro país pueda cumplir la senda propuesta en el mes de mayo, que propugna un déficit público del 3,7% para este año y de un 2,5% el que viene. Un ajuste que, según los cálculos de Bruselas realizados en el mes de mayo, suponen 8.000 millones de euros en estos dos años.
Estas cifras podrían cambiar debido al «impasse» institucional y político. La Comisión Europea y el Gobierno están negociando un nuevo calendario de recorte del déficit público y se espera que la decisión final esté tomada a finales de este mes, el 27 de julio. Nuestro país aprovechó la última reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho para anunciar el adelanto del pago del impuesto de Sociedades por parte de las grandes empresas, los conocidos como pagos a cuenta, en 2016.
Según el Ministerio de Economía, esto supondría unos ingresos extra de 6.000 millones de euros, aunque hay numerosas incógnitas, ya que para que esta medida pueda aprobarse se necesita un Gobierno que haya superado la fase de interinidad y apoyos parlamentarios.
En estas negociaciones que están teniendo lugar entre Bruselas y Madrid, fuentes gubernamentales reconocen que esta última medida, si bien tendrá efectos en la reducción del déficit público para este año y ha sido acogida favorablemente por parte de Bruselas, no será suficiente para cuadrar las cuentas el año que viene y cifran en 4.000 millones de euros el ajuste que Bruselas exige para el año 2017, según recoge Servimedia.
La Comisión Europea, a la hora de valorar los esfuerzos de un país, contabiliza el denominado como «esfuerzo estructural» no sujeto a imprevistos en la marcha de la economía y el peligro es que Bruselas considere esta medida para las grandes empresas como un artificio contable para este año sin repercusiones en los ingresos a medio plazo.
La nueva senda presupuestaria no es el único frente que debe ser negociado entre Bruselas y Madrid. El Ejecutivo comunitario también deberá dar su veredicto sobre la multa por incumplimiento del déficit público en el año 2015, de hasta un 0,2% del PIB (2.000 millones de euros) y la propuesta de congelación de hasta un 50% de los fondos estructurales.
Bruselas no ha ocultado en ningún momento que la buena voluntad de España a la hora de corregir el rumbo presupuestario será clave para rebajar la multa hasta una cantidad simbólica y que la amenaza de congelación de fondos a partir del año 2017 no sea efectiva.
En este sentido, las instituciones comunitarias han recibido con satisfacción los últimos movimientos del Gobierno en funciones para corregir los excesos propiciados por la anómala concurrencia de dos elecciones generales consecutivas y los gastos generados como consecuencia de estos dos años electorales.
La publicación el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden Ministerial por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, según la cual a partir de mañana no se podrán iniciar nuevos gastos, es una de estas medidas. El Gobierno se comprometió ante Bruselas a adelantar el cierre del ejercicio de 2016 a julio, cuando lo habitual suele ser en noviembre, como una de las medidas para evitar la multa por el déficit excesivo y lograr el objetivo de situar el déficit público por debajo del 3% el próximo año.
En esta misma línea, el Gobierno ya aprobó el pasado mes de abril un acuerdo de no disponibilidad de créditos en el Presupuesto del Estado para 2016 por importe de 2.000 millones de euros, de los que Fomento asumió la mayor parte (598 millones).
Igualmente, España se ha comprometido ante Bruselas a llevar a cabo medidas complementarias para tratar de reducir al máximo la multa por la desviación de los objetivos de 2015 –con un déficit del 5,1% en lugar del 4,2% reclamado por Bruselas–, entre las que destaca un mayor rigor en la lucha contra el fraude fiscal para recaudar unos 1.000 millones de euros adicionales. Además, el Ejecutivo confía en que la buena marcha de la economía y de la recaudación permita afrontar sin demasiados sacrificios cualquier ajuste extra. A este respecto, se espera un ahorro de 1.500 millones en el pago de los intereses de la deuda pública.
Source: The PPP Economy