La sequía inversora marchita las redes de agua potable de España
Las redes españolas de agua potable, alcantarillado y depuración acumulan desde hace más de diez años un preocupante déficit de inversiones en mantenimiento y modernización. Lo advierten las empresas operadoras, pero también expertos como la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), que ha analizado la situación de estas infraestructuras esenciales.
La crisis de 2008, que desnudó los agujeros de las arcas públicas, provocó un hundimiento inversor del que no se han recuperado las infraestructuras hídricas. PwC y la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) coinciden en sus estimaciones: para afrontar un adecuado mantenimiento, renovación y modernización de las infraestructuras hídricas urbanas hay que invertir el doble de lo que se esta invirtiendo ahora. Es decir, unos 25.000 millones de euros extra en diez años.
Los fondos europeos del plan de recuperación abrieron una puerta a la esperanza, pero el sector ha visto truncadas sus esperanzas por el portazo que ha dado el Gobierno. ElMinisterio de Transición Ecológica ha arrinconado las infraestructuras urbanas del agua.
El plan de recuperación pasa de largo
El sector propuso inicialmente una cifra objetivo de 25.000 millones de euros de inversión. Después, para que la propuesta fuera más viable, pulieron la cifra y escogieron los proyectos que mejor encajaban con los objetivos de transición ecológica y de impulso económico que inspiran esos fondos europeos. Así, la cifra propuesta quedó en 13.776 millones de euros. Pero el Gobierno apenas ha aceptado 550 millones de euros. El presidente de AEAS, Fernando Morcillo, habla abiertamente de «decepción».
La crisis de 2008 hundió la inversión en redes municipales de agua y no se ha recuperado
De todos los fondos del plan de recuperación, el Gobierno solo ha reservado a actuaciones hídricas un total de 1.700 millones. Pero, de ellos, unos 850 se destinarán a obras no relacionadas con el abastecimiento urbano y la depuración sino con actuaciones en ríos y masas de agua, tales como protección de cauces, prevención de inundaciones o acciones medioambientales. De los 850 millones restantes, «casi 300 se reservan para inversiones en digitalización, pero el Ministerio ha avanzado que los quiere destinar a sus sistemas de control hidrológico, así que no tenemos muchas esperanzas en que llegue algo al ámbito de las infraestructuras urbanas del agua», explica el presidente de AEAS.
Ese escuálido fondo de 550 millones reservado para infraestructuras urbanas será una anécdota comparado con las necesidades de inversión. «Alrededor de 350 millones se prevén destinar a obras de depuración de aguas residuales –indica Fernando Morcillo–, 100 millones a pequeñas plantas de depuración en poblaciones de entre 2.000 y 5.000 habitantes, y unos 100 millones de euros para mejorar los sistemas de abastecimiento en municipios de menos de 20.000 habitantes».
El precio de no invertir
Los fondos europeos para la recuperación van a ser, por tanto, un tren que pasará de largo para las infraestructuras urbanas del agua. Seguirán dependiendo de los presupuestos públicos, que es justo lo que les escasea desde hace casi tres lustros. Y ese severo déficit inversor tiene consecuencias medioambientales y económicas directas, como recuerda el experto Santiago Otero, socio de Estrategia de PwC y director del estudio que ha analizado el papel que debería desempeñar este sector como «vector de recuperación sostenible tras la crisis del Covid-19».
Una de las consecuencias directas es la gran cantidad de agua potable que se pierde por averías, roturas y conducciones ineficientes: se escapa del orden del 22% del agua que se inyecta en las redes municipales de abastecimiento, cuando la media europea es del 14%.
La escasez de inversiones hace que las redes estén anticuadas, sean más ineficientes y sea más caro su funcionamiento operativo
Otra consecuencia son las sanciones impuestas a España por incumplir la normativa europea en depuración de aguas residuales, porque faltan instalaciones que deberían llevar años funcionando.
Otro ejemplo de problemas ocasionados por el déficit inversor es el sobrecoste operativo causado por la antigüedad de las infraestructuras, que las hace menos eficientes. «Como invertimos poco, tenemos que gastarnos más en costes operativos, en el funcionamiento del ciclo urbano del agua», explica Santiago Otero.
Entre otros puntos negros que pone en evidencia el informe de PwC, hay tres que contrastan especialmente entre sí: España es uno de los países europeos con más escasez de agua y lo que se denomina ‘estrés hídrico’. Pero, al mismo tiempo, es uno de los que más agua potable desperdician por fugas, y está a la cola en el porcentaje de aguas residuales que depura. «Algunas zonas españolas con más déficit hídrico son, también, paradójicamente, de las que más caudales pierden por fugas», indica Otero.
Se invierte la mitad de lo necesario
Este experto de PwC insiste en que, para poner al día las infraestructuras municipales de captación, potabilización, suministro, alcantarillado y posterior depuración de aguas residuales, «deberíamos doblar las inversiones actuales, y hacerlo así, de forma continuada, durante diez años». Esta consultora calcula que, como mínimo, durante un decenio habría que invertir 4.900 millones de euros al año en este campo. Pero actualmente apenas se dedican 2.400 millones. Y cuanto más se tarde en empezar la tarea, más habrá que aumentar el esfuerzo para compensar el tiempo perdido y más indigesto resultará para las arcas públicas.
Para poner al día estas infraestructuras, la consultora PwC calcula que habría que invertir anualmente 2.500 millones de euros extra, durante diez años
Otero y el presidente de AEAS coinciden en que la raíz del problema es una falta de voluntad política. Y resumen así la secuencia del problema: el ciclo urbano del agua es competencia de los ayuntamientos, al margen de las ayudas que pueden recibir al respecto; los ayuntamientos hundieron sus inversiones en estas infraestructuras cuando estalló la crisis de 2008, por falta de recursos; ese hundimiento se ha convertido en permanente, porque, pese a la recuperación, siguen sin andar sobrados de recursos financieros y no asumen las infraestructuras hídricas entre sus prioridades estratégicas; y esa falta de recursos persiste porque el recibo del agua que cobran los ayuntamientos a sus vecinos –particulares y empresas– está muy por debajo de lo que cuesta realmente el servicio. Esta es la última y crítica causa de la sequía inversora.
Déficit de tarifa
«Se debería actualizar la tarifa para que cubriera el coste real del servicio, pero no hay voluntad política en los ayuntamientos para subir la tarifa, porque lo consideran impopular», indica Otero.
Este experto de PwC considera que ese déficit de recaudación debería ser erradicado cuanto antes por los ayuntamientos. Y cree que podría resolverse sin un gran impacto para el bolsillo de los ciudadanos, «quizás bastara con subir las tarifas progresivamente un promedio del 3 ó 4% anual, durante diez años, lo que nos permitiría colocarnos al nivel medio de la tarifa del agua en Europa».
Según un informe de PwC, el coste del agua pública en España supone el 1,3% de la renta disponible, mientras que la media europea alcanza el 2%.
El presidente de AEAS, Fernando Morcillo, recuerda que los operadores llevan años insistiendo en que se debe repercutir entre los consumidores el coste real del servicio, como apunta la UE. Pero no solo no se cumple ese criterio sino que «hay muchos ayuntamientos que ni siquiera saben realmente los que les cuesta el agua, porque no tienen identificados y calculados todos los costes reales», afirma Morcillo. Explica que, a diferencia de lo que es práctica lógica y habitual en el resto de Europa, en España cunde la costumbre de no sumar a los costes de funcionamiento de la red todos los gastos derivados del mantenimiento, la renovación y la modernización de las infraestructuras y equipamientos.
Entre las necesidades en innovación figuran, por ejemplo, la digitalización en ámbitos como el control de consumos, la telelectura, los sistemas inteligentes de detección de fugas o los llamados ‘gemelos digitales’, que permiten aplicar modelos predictivos que aumenten la seguridad y la eficacia de las redes de agua y alcantarillado ante múltiples eventualidades.