"La Ley de Transparencia fortalecerá las instituciones y prevendrá la corrupción"
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?… Preguntar no es una falta de educación. Sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no es posible la exigencia de responsabilidad. Ayuntamientos con paredes de cristal, diputaciones con ventanas y puertas abiertas… Gracias a la Ley de Transparencia, por la que dentro de un mes las instituciones deberán haber puesto a disposición toda la información normativa y económica de la Administración para su consulta pública, se ha propiciado un cambio fundamental de mentalidad: los datos son propiedad de los ciudadanos.
Tras esta defenestrada cultura de opacidad, se esconden numerosos escándalos de corrupción y la explicación del alarmante hartazgo de los españoles con la clase política. Los ciudadanos ya no se conforman con depositar su voto en las urnas cada cuatro años. Quieren participar, exigen transparencia. Y la tendrán. Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aseguró en un reciente acto organizado por LA RAZÓN –y que contó con la colaboración de KPMG– que «la Ley fortalecerá las instituciones. Convertirá la desafección en confianza y prevendrá la corrupción».
Queremos estar, saber, opinar. Ser tenidos en cuenta. Si bien los ciudadanos demandan nuevas formas de participación, la Ley de Transparencia debería enfocarse «como el principio de un camino». Al menos, en opinión de Abel Caballero. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recordó que, como todos los cambios de cultura, aún requiere un tiempo de asentamiento. Con píldoras de humor y evidentes muestras de su bagaje, señaló que las administraciones locales representan la vía más directa de participación política.
Debido a la revolución tecnológica, es posible participar a golpe de clic y que la información fluya sin intermediarios. Aunque reconoció que se trata de una buena Ley, el alcalde de Vigo indicó que la entrada en vigor tendría que haberse producido de forma escalonada, y mostró su preocupación por la implantación a nivel territorial y la poca capacidad de los pequeños consistorios para dar respuesta en el plazo legal de 30 días a las demandas de información de sus vecinos. En España hay unos 5.000 ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes y en torno a 500 que no llegan a los 50 residentes. «Un ayuntamiento de 5.000 habitantes tendrá dificultades y uno de 1.000 directamente no podrá», apostilló.
Source: The PPP Economy