La Justicia tumba la comisión de apertura de las hipotecas
Tras las cláusulas suelo, las de vencimiento de las hipotecas o las de formalización, las de apertura de este tipo de préstamos han pasado a ser las siguientes en el punto de mira de los clientes y de los tribunales de Justicia por su posible condición de abusivas. En un lapso temporal de apenas un par de semanas, tres tribunales han dictado tres sentencias, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, en las que instan su nulidad con el argumento de que la banca las cobra a cambio de un servicio del que no acredita su prestación y que, de darlo, debería considerar entre sus obligaciones ya sufragadas. Además, los juzgados añaden que no está acreditada la proporcionalidad del requisito, más allá de la alegación de algunas generalidades por parte de las entidades financieras.
Las sentencias, recurribles en los tres casos antes las pertinentes audiencias provinciales, fueron dictadas los días 11, 21 y 25 de junio pasados por el Juzgado de Primera Instancia número 101 bis de cláusulas de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia número 1 bis de Toledo y el Juzgado de Primera instancia número 5 de Vitoria, respectivamente.
Servicio en entredicho
Según han argumentado tradicionalmente las entidades financieras para justificar su cobro, las comisiones de apertura de las hipotecas se imponen para sufragar un trabajo previo del banco o caja de ahorros consistente en el estudio del perfil del solicitante del préstamo, su solvencia, así como la formalización y puesta a disposición del cliente de los fondos. Sin embargo, como argumenta la sentencia del juzgado toledano en respuesta a una denuncia contra Banco Popular, «no obstante lo anterior, ni tan siquiera con prueba documental [el banco] proporciona la más mínima prueba de tales servicios». «No se acierta a percibir qué tipo de servicio se le otorga al cliente bancario, pues el contrato de préstamo se perfecciona con la entrega del dinero», añade la sentencia del juzgado vitoriano. «Y si como gasto –de estudio y de cuantos inherentes a la actividad de la empresa ocasionados por la concesión de un préstamo–, del mismo modo se hace difícil comprender por qué lo que motiva al prestamista a contratar debe ser retribuido al margen y además con las condiciones financieras del préstamo –interés ordinario y moratorio–, además de que la normativa sectorial al referirse a los “gastos inherentes a la actividad de la empresa” para la concesión del préstamo hace aún más evanescente la identificación del gasto», remacha la sentencia del juzgado vasco.
La resolución del tribunal madrileño, que tiene como sujeto demandado a Ibercaja, añade que, de darlos, debería ser la propia entidad financiera la que asumiera los costes por estos servicios de preparación de estos créditos. «La apertura es un trámite sin el cual el préstamo no se puede conceder, el cual, y además por exigencia legal, determina que la entidad financiera deba realizar estudios de solvencia del cliente. La entidad financiera pretende así justificar el devengo de la comisión en el uso de recursos materiales y humanos puestos a disposición del cliente. Sin embargo, ésta es una actividad inherente a la propia de su negocio bancario, característicos de la actividad bancaria. Estamos hablando, por ello, de costes inherentes a la explotación de su negocio, que se sufragan con sus propios recursos, y no a costa del prestatario que, eso sí, retribuirá al prestamista por vía del interés pactado a modo del correspondiente beneficio para que la operación comercial le resulte ventajosa», argumenta.
Récord de reclamaciones
En los últimos años, y a raíz del estallido de la crisis financiera entre los años 2007 y 2008, diversas cláusulas bancarias han sido declaradas abusivas por los tribunales de Justicia, lo que ha motivado un aluvión de reclamaciones judiciales y obligado a las entidades a desembolsar importantes cantidades para compensar a sus clientes. El año pasado, las reclamaciones a la banca marcaron un récord histórico con 40.170 después de que en 2017 los tribunales españoles y europeos declarasen nulas varias cláusulas hipotecarias por su carácter abusivo. De hecho, el 81,4% de las reclamaciones tenían que ver con aspectos relacionados con préstamos hipotecarios. La situación llegó a tal punto que ha obligado a la creación de juzgados especializados en la materia.
Source: The PPP Economy