La Justicia de la UE avala el plan de proveedores del Gobierno
La Justicia Europea da su beneplácito al plan de proveedores puesto en marcha por el Gobierno español y que, en determinadas circunstancias, eximió a las arcas del Estado a pagar intereses debido a los retrasos en los pagos por parte de la Administración Pública a pequeñas empresas y autónomos. Así lo expuso ayer la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Eleanor Sharpston, en un dictamen que suele ser la antesala en un 80% de las ocasiones de las sentencias definitivas del Tribunal.
Se trata de un balón de oxígeno, al menos temporal, para el Ejecutivo español, que podría enfrentarse a pagos de hasta 3.000 millones de euros en caso de una sentencia en caso contrario. No es el único veredicto trascendente y de gran impacto económico en el caso de España. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo este año dictará sentencia sobre la retroactividad de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, que podría enmendar lo estipulado hasta ahora por el Tribunal Supremo y saldarse con el pago de al menos 9.000 millones de euros, según diferentes estimaciones, por parte de las entidades financieras. En plena crisis en los mercados de deuda, el Ministerio de Hacienda abonó con retraso facturas pendientes a proveedores que ofrecían servicios y productos de ayuntamientos y comunidades autónomas por valor de 41.800 millones de euros desde los años 2012 a 2014. La legislación española permite a los proveedores llegar a un acuerdo con Hacienda por el que éstos renunciaron a los intereses demora y costes legales en aras a agilizar el pago y que éste se produjera de manera inmediata tras meses de atrasos. Sharpston, en su dictamen conocido ayer, concluye que las leyes españolas no se oponen a lo estipulado en la directiva comunitaria que exige la cancelación de clausulas abusivas ya que se permite al acreedor «negarse a adherirse al mecanismo» aunque esto suponga esperar más hasta el cobro.
Las reacciones a este dictamen no se hicieron esperar. Hacienda informó de que las principales asociaciones empresariales afectadas por los impagos de la Administración pública han enviado cartas a la Comisión Europea, expresando su plena satisfacción con los resultados del Plan de pago a Proveedores. Según el Ministerio, dicho plan salvó unos 400.000 empleos.
Source: The PPP Economy