La deuda de Pedro Sánchez
Cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, heredó los retos que ya afrontaba el anterior Ejecutivo para retomar el mejor rumbo económico. Marcado con fluorescente y entre exclamaciones estaba la reducción de la deuda pública, la huella de la crisis que parece imborrable. Sin embargo, el acuerdo de Presupuestos que los socialistas han firmado con Unidos Podemos pone en duda que se pueda cumplir con el compromiso.
El documento incluye medidas como la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, la eliminación del copago sanitario o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (ahora 55), que implican un coste para las arcas públicas. Según los cálculos, el aumento del gasto será de más de 5.000 millones de euros en 2019. Por otro lado, estima que recaudará casi 5.700 millones con su política fiscal, que supone novedades como la elevación de dos puntos del tipo máximo del IRPF para las rentas superiores a los 130.000 euros, la creación de un impuesto para determinados servicios digitales u otro a las transacciones financieras.
Lo que se ingresará con estas iniciativas fiscales no se puede calcular con tanta exactitud como el coste previsto. Quizá por este motivo, BBVA Research difiere de las estimaciones del Gobierno, considerando que el gasto será mayor en dos décimas sobre el Producto Interior Bruto, mientras que la recaudación será inferior entre una y dos décimas sobre el PIB.
Las previsiones de BBVA Research se acercan más a la realidad que plantea el Fondo Monetario Internacional para la deuda pública española, que cerraría el próximo año en el 95,8% del PIB, y en 2023 solo habría alcanzado el 92,6%. Mientras que la ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó que descenderá a mayor ritmo y en 2019 se situará en un 95,5%. La visión del Ejecutivo, por tanto, es bastante optimismo. Sobre todo cuando, el mismo día, el propio Gobierno reconoció que el crecimiento económico se sigue ralentizando al disminuir las estimaciones de aumento del PIB al 2,6% en 2018 y al 2,3% en 2019.
Ralentización
El aumento del PIB tendrá aún mayor importancia en que la deuda se reduzca si se desea aumentar el gasto público, ya que compensaría la balanza. «Los economistas suelen utilizar como indicador la relación Deuda Pública-PIB. Por eso, aunque la deuda pública no se rebaje, incluso si crece, si el PIB sube más todavía, el indicador acaba bajando. Si la economía asciende menos es más difícil que este indicador descienda, lo que aumenta la fragilidad de un Gobierno que necesite financiarse», comenta el profesor de Esade Pedro Aznar.
Por si fuera poco, la ralentización podría agudizarse en los próximos meses debido a las numerosas amenazas que sobrevuelan la estabilidad económica internacional, como las crisis argentina y turca, la guerra comercial emprendida por Estados Unidos, o el desafío de Italia a la Unión Europea. «El panorama mundial es peor que hace unos meses, genera incertidumbre, desconfianza en los mercados, lo que afecta al valor de la riqueza de las familias, y el temor al nuevo auge del proteccionismo es que afecte a la capacidad exportadora de muchos países frenando de forma significativa el crecimiento económico», apunta Aznar, para quien el contexto actual no es nada favorable para agrandar el gasto público.
Banco Central Europeo
Y es que esa política debilita aún más la posibilidad de reducir la deuda, tarea que ya de por sí se presentaba complicada. Más cuando, a partir de diciembre, el Banco Central Europeo abandonará los programas expansivos con los que, desde marzo de 2015, ha comprado deuda de sus países miembros con el objetivo de sanear sus cuentas. En concreto, hasta finales de septiembre había adquirido bonos españoles por un valor superior a los 256.000 millones de euros. De esta manera, el BCE es dueño de casi una cuarta parte de nuestra deuda.
La retirada de estos estímulos, explica el profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo Roberto Carrasco, es un proceso natural que ya se está produciendo en EE UU» y, si nos fijamos cómo han reaccionado allí, debemos ser optimistas, aunque las características europeas no acompañen tanto: «Donald Trump ha realizado el fin de la política monetaria expansiva con bajadas de impuestos y en España y otros países de Europa queremos hacer precisamente lo contrario. La estabilidad política de Europa y la orientación ideológica en varios países serán muy relevantes para los efectos de esa medida y la tan necesaria reducción de la deuda pública a niveles precrisis».
Con el BCE normalizando su política, el siguiente paso que tome la entidad será subir los tipos de interés, bien entrado 2019. En EE UU, la Reserva Federal ya emprendió este camino de forma gradual, y Carrasco mantiene que si en Europa se realiza de la misma forma, «no debería tener un impacto relevante sobre el gasto público».
Source: The PPP Economy