La crisis de las hipotecas deja en el limbo ventas por 1.800 millones
«La concesión de préstamos hipotecarios sigue realizándose con normalidad». Es el mensaje que las entidades financieras están transmitiendo en estos días de incertidumbre tras la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la sentencia por la que son los bancos y no los clientes los que tienen que hacerse cargo del pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados al firmar la escritura pública ante notario. Hasta el día 5 de noviembre no habrá una solución definitiva del Alto Tribunal. Teniendo en cuenta que en octubre del pasado año las entidades de crédito concedieron a los hogares préstamos para la adquisición de una vivienda por importe de 3.149 millones de euros, en las dos semanas que van entre el 19 de octubre y el 5 de noviembre, hipotecas por valor de unos 1.800 millones de euros (el ritmo de crecimiento de la concesión es en este año del 14,68%) siguen en el limbo jurídico a la espera de la decisión definitiva del Pleno de la Sala tercera del Supremo.
Las fuentes bancarias consultadas por LA RAZÓN aseguran que la operativa de concesión de préstamos hipotecarias es normal toda vez que las firmas que se están realizando en estos días corresponden a operaciones que empezaron a gestarse hace algunos meses y que, por tanto, están sujetas a la misma legislación que existía antes de la sentencia de la polémica sentencia del Supremo posteriormente paralizada. Todas las entidades siguen cargando el pago del impuesto al cliente, a la espera de una decisión que siente jurisprudencia para el futuro o dicte si tiene carácter retroactivo.
La razón de que no se haya producido una parálisis en las firmas de hipotecas es que muchos de los compradores tienen suscrito un contrato de arras a la espera de encontrar la financiación bancaria necesaria para la adquisición de su vivienda. Un contrato de arras no es más que acuerdo entre las partes (vendedor y comprador) por el que se consigue reservar una vivienda mediante la entrega de un anticipo que puede superar los 5.000 euros. Si pasado un determinado tiempo (habitualmente unos dos meses) el comprador echa marcha atrás en su decisión puede perder la señal aportada.
Un mes para pagar
Otra de las razones por las que, según la banca, no se notado la decisión del Supremo en las firmas es que los prestatarios (los compradores) tienen un plazo de un mes para satisfacer el importe del impuesto, por lo que hay tiempo suficiente para conocer la decisión final de la Justicia.
Lo que si está notando la banca es el incremento de preguntas de los ciudadanos que empiezan los trámites para formalizar un préstamo hipotecario, aunque se firme con posterioridad.
A la espera de que se despejan las dudas, los inversores siguieron castigando los valores bancarios, aunque en menor medida que la semana pasada. Ayer, sólo Bankia consiguió cerrar en positivo (+0,49%). Las otras siete entidades financieras cedieron entre el 0,53% de BBVA y el 3,23% de Sabadell.
Source: The PPP Economy