La CNMC multa con 6,3 millones al cártel de las 22 consultoras
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha impuesto 5,87 millones de euros en multas a 22 consultoras por el establecimiento de cárteles. «Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoria solicitados por distintas Administraciones Públicas», desgrana el organismo comandado por Cani Fernández.
La CNMC ha analizado hasta 200 contratos públicos celebrados entre 2008 y 2018 en lo que, detecta, han supuestos dos redes de colaboración, una norte y otra en el ámbito nacional. Entre las administraciones salpicadas figuran el Ministerio de Hacienda, de Trabajo, Economía, la Generalitat valenciana, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno vasco, el de Cantabria, la Junta de Extremadura, El Gobierno de Baleares, el de Canarias, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Bilbao o el de Santander.
Modus operandi
La CNMC relata que las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos, que en ocasiones habían sido compañeros de trabajo, facilitaron el funcionamiento de estas redes. «Entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas; bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios», subraya la CNMC.
Se trataban, explica el organismo, de contratos negociados sin publicidad generalmente, en los que las administraciones invitaban a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia. Una de las consultoras invitadas contactaba a otras empresas que también estaban en el proceso y les pedía que presentaran una oferta perdedora o que renunciase a presentarse. «En ocasiones, incluso la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación», apunta el organismo.
Mediante este sistema, de forma continuada, la CNMC señala que «se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría» y «se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles». «Estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos», sentencia la institución.
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