La Agencia Tributaria sigue sin incluir teléfonos gratuitos en sus líneas de atención al contribuyente
La Agencia Tributaria sigue sin incluir teléfonos gratuitos en sus líneas de atención al contribuyente y no tiene planificado sustituir estos números en el corto plazo. Aunque el organismo público no se encuentra obligado legalmente a suprimir los teléfonos de tarificación adicional, desde asociaciones de consumidores como Facua reclaman su puesta en marcha por «coherencia». Y más aún tras la aprobación hace ya un año de la modificación normativa para sancionar a las compañías suministradoras de servicios básicos de interés general que no incorporen opciones sin coste en sus teléfonos de atención al cliente.
En concreto, en la página de teléfonos de interés de la AEAT se incluyen fijos geográficos con el prefijo 91 o el 93 para información en catalán, así como la opción de varias líneas 901. Fuentes de la AEAT aseguran que no tienen previsto reemplazar en los próximos meses estos números por otros sin coste por tratarse de números geográficos que quedan incluidos en las tarifas planas de la mayoría de contratos de las líneas móviles de los usuarios. No obstante, los teléfonos 901 sí conllevan un recargo añadido que va desde los 0,22 euros hasta los 2,11 euros durante cinco minutos y que depende del operador. En la página web de la AEAT recalcan que las llamadas a los 901 tienen un coste compartido y que el precio cambia en función de si la llamada se realiza desde un teléfono fijo o desde un móvil. Desde la AEAT también defienden el uso de estos números de pago porque salen más baratos que los fijos cuando la llamada se realiza desde el extranjero. «Además, son llamadas cortas como las que se hacen para pedir cita y, por lo tanto, no es algo que se esté evaluando», aseguran desde la AEAT.
Al tratarse de un organismo público y no de una empresa, la Agencia Tributaria no cuenta con la exigencia legal de cumplir con la normativa aprobada por el Ministerio de Consumo referente a las numeraciones. Tampoco la tienen otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde también se siguen incorporando servicios de atención telefónica basados en fijos geográficos o en líneas 901. De hecho, el único número gratuito 900 que ofrece hoy en día la Seguridad Social a los ciudadanos es el teléfono de información sobre la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Al respecto, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, asegura haber pedido a Consumo que impulse medidas para que todos los organismos ministeriales faciliten líneas que no sean de alto coste. Asimismo, el diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, registró la semana pasada una pregunta en el Congreso en la que solicitaba al Gobierno que responda sobre si tiene decidida la imposición de teléfonos «sin coste para Hacienda como indica la normativa actual».
Trampas ilegales
Por otra parte, muchas de las empresas de sectores de suministros energéticos, financieros o de protección de la salud, entre otras, siguen sin dar el paso de implantar teléfonos totalmente gratis para los consumidores a pesar de estar obligadas por imperativo legal. Tal y como informó ABC, si no se ajustan a la normativa mencionada, las más de 30.000 compañías suministradoras de servicios básicos de interés general que hay en España afrontarán sanciones que van de los 3.005,06 a los 601.012,10 euros en función de la gravedad de la infracción.
El Ministerio de Consumo aprobó a finales de diciembre de 2020 la obligación de suprimir los teléfonos de tarificación adicional, como los 902 o los 901, y, al mismo tiempo, de implantar una numeración gratuita para los usuarios. La ley no permite eludir la obligación citada con un teléfono local o fijo ya que la numeración ha de ser totalmente gratuita para el cliente. El resto de empresas que no sean consideradas como suministradoras de servicios básicos de interés general tampoco podrán publicitar el 902 ó el 901 en letra más grande que el otro número más barato.
Las asociaciones de consumidores denuncian que para esquivar la norma, algunas empresas se deciden a cambiar el teléfono de tarificación adicional por uno fijo, pero esto supone instalarse en una especie de ‘trampa’ y no ajustarse a la exigencia legal.