Incumplimos ayer, incumpliremos mañana
España ha incumplido sus compromisos de déficit público todos y cada uno de los años desde 2009. También en 2015, cuando debíamos concluir con un déficit del 4,2% del PIB y hemos cerrado en el 5,2%: una desviación de 10.000 millones de euros. Somos, pues, un país incumplidor y sin aparente propósito de enmienda, tal como demuestra el hecho de que, al calor de tales desequilibrios presupuestarios, la deuda pública se haya prácticamente triplicado desde 2007 (hasta rozar el 100% del PIB).
Nuestro abultado déficit no entiende de colores políticos: no sólo PSOE y PP han mantenido agujeros presupuestarios insoportables para la sostenibilidad a largo plazo de nuestras finanzas públicas, sino que además lo han hecho en todas las administraciones posibles (desde el Gobierno central hasta las «autonomías del cambio»). Nadie se salva de la quema o, mejor dicho, nadie nos salva a los españoles de ser quemados en su deuda.
Lo más grave de todo, sin embargo, es que, pese a este sistemático incumplimiento de nuestros límites de endeudamiento, en España se ha generalizado un peligroso discurso antiausteridad entre la inmensa mayoría de las formaciones políticas: el problema, según se nos dice, no es que el Gobierno de Rajoy haya recortado demasiado poco el gasto (como claramente se desprende del grave desvío de 10.000 millones de euros en el objetivo de déficit de 2015), sino que ha recortado demasiado. O dicho de otra manera, la alternativa que ahora mismo plantea una parte sustancial del arco parlamentario a la poco austera gestión que ha efectuado Montoro de las cuentas del Reino es… mucho más gasto público. Debe de ser que tamaño incumplimiento les resultará escaso.
Así, PSOE y Ciudadanos (la alternativa de gobierno menos insensata) propugnan incrementos del gasto público cercanos a los 20.000 millones de euros (en forma de rentas mínimas de inserción, complementos salariales o aumentos del gasto público en I+D). Se trata de un engrosamiento del presupuesto estatal para el que no han trazado un plan de financiación ni demasiado definido ni demasiado creíble (se ha planteado el cierre de diputaciones y el incremento de algunos impuestos, pero el potencial de ahorro por tales conceptos es escaso). En conjunto, semejante programa contribuiría a disparar el déficit público en alrededor de 1,5 puntos del PIB, lo que sumado al 5,2% de 2015 nos llevaría de vuelta al 6,7%, esto es, los niveles de déficit de 2012.
Pero si las propuestas presupuestarias de PSOE y Ciudadanos ya resultan inquietantes en una situación de inaceptable desfase financiero, las de un posible gobierno PSOE-Podemos son a todas luces terroríficas. La formación de Pablo Iglesias defiende un incremento del gasto público de 135.000 millones de euros anuales a lo largo de la próxima legislatura, de los cuales 65.000 millones deberían estar listos al terminar 2017. A la luz del incumplimiento de 2015, tal cifra catapultaría nuestro agujero presupuestario hasta el entorno del 9% del PIB, el mismo monto con el que cerró Zapatero en 2011 y muy alejados del objetivo con el que nos hemos comprometido para 2017, a saber, el 1,5% del PIB.
Si algo demuestra el muy mal dato del déficit público que conocimos ayer es que, pese al manido y demagogo discurso antiausteridad, España necesita muchísima más austeridad, no ya para intensificar nuestro crecimiento, sino para alcanzar a medio plazo el imprescindible equilibrio presupuestario. Es decir, necesitamos recortar con intensidad el gasto público en todos los niveles administrativos (incluida la Seguridad Social) y, en consecuencia, olvidarnos de suicidas aventuras populistas que, desde todos los partidos existentes, prometen multiplicar unos niveles ya de por sí insostenibles de gasto público.
La fórmula debe ser justo la contraria a la que tradicionalmente hemos venido siguiendo: no más gasto público, más impuestos y más deuda, sino menos gasto público, menos impuestos y menos deuda. ¿Algún partido político con principios, ideas, valentía y responsabilidad como para aplicar una receta cada vez más inaplazable?
Source: The PPP Economy