Hacienda advertirá por carta a las empresas sobre las que tenga sospechas de fraude
Los repetidos reveses judiciales que los tribunales han propinado a la práctica de la Inspección de Hacienda de realizar actuaciones presenciales en empresas a partir del único indicio de presentar declaraciones fiscales alejadas del estándar del sector han aconsejado a la Agencia Tributaria un cambio de estrategia. A partir de 2022, el brazo armado de Hacienda para la lucha contra el fraude potenciará el envío de ‘cartas-aviso’ a los contribuyentes que presenten valores fiscales anómalos, con el objetivo declarado de que éstos «a decisión propia» puedan explicar los motivos que justifican esa anomalía o bien corregir las eventuales irregularidades en futuras declaraciones.
La Agencia Tributaria ha optado por impulsar este esquema de ‘control suave’ después de que el Tribunal Supremo declarará a finales de 2020 ilegales las batidas intensivas que venía realizando la Inspección de Hacienda en determinados sectores en los que sospechaba de una concentración fuerte de fraude fiscal. La estrategia aplicada por la Inspección, de eficacia probada a la hora de aflorar fraude fiscal, se sostenía sobre las nuevas fuentes de información y las nuevas herramientas tecnológicas de ‘big data’ para explotar la misma y en muchos casos partía de una construcción estadística de niveles medios de referencia de tributación para los diferentes sectores de actividad. Una vez disponibles estos niveles de referencia los potentes sistemas informáticos de la Agencia Tributaria hacían su trabajo y detectaban las empresas con niveles de tributación anómalos, por especialmente bajos respecto a la media del sector. A partir de esa información, y según admiten varias fuentes de la Inspección de Hacienda, la Agencia Tributaria organizaba ‘batidas’ a nivel sectorial para revisar los registros de empresas con rendimientos fiscales anómalos muchas veces a partir de registros domiciliarios con orden judicial.
El Supremo consideró que dicha supuesta ‘evidencia estadística’ era un principio demasiado endeble para justificar la entrada de los inspectores de Hacienda en el domicilio de una empresa y declaró ilegal la práctica, provocando un terremoto en la estrategia española de lucha contra el fraude fiscal en plena pandemia.
El Gobierno aprovechó la ley de medidas de lucha contra el fraude para cambiar la norma y habilitar el mantenimiento de los registros domiciliarios bajo una mayor justificación, pero ha optado también por actuar en la dimensión práctica buscando un mecanismo menos agresivo para aflorar fraudes fiscales en línea con la incentivación del cumplimiento tributario voluntario que se ha convertido en uno de los ejes de actuación de la Agencia Tributaria desde la llegada de su nuevo director general, Jesús Gascón.