Gobierno y sindicatos alcanzan un principio de acuerdo para extender los ERTE hasta el 28 de febrero


De nuevo sobre la bocina, el Gobierno y los agentes sociales han cerrado hoy un acuerdo para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. El nuevo plazo de vencimiento será el 28 de febrero, un mes más de lo barajado inicialmente, según han informado fuentes sindicales. Estas fuentes también han remarcado que el denominado «contador a cero» se amplía un año, por lo que el tiempo consumido de desempleo, desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023. Sin embargo, los ERTE se mantendrán en sus actuales condiciones solo un mes más, fecha tras la cual las empresas deberán solicitar de nuevo adherirse a este esquema.

El pacto, aún pendiente de ratificación por los órganos de gobierno de empresarios y sindicatos, llega tras un fin de semana de intensas negociaciones, que se han extendido a lo largo del día de hoy. La obligatoriedad de la formación que reclamaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para mantener las exoneraciones ligadas a los ERTE ha sido la china que ha estado retrasando esta negociación. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya apuntaba esta mañana que se había puesto sobre la mesa la posibilidad de que esta condición se impusiera solo a las empresas de más de diez trabajadores para esquivar la gran preocupación de los agentes sociales, creando «un esquema no basado en el voluntarismo y muy apegado a la realidad de las empresas. Es decir, que podamos desplegarlo con eficacia», dijo Díaz.

Y es que el pequeño tamaño de las empresas españolas es precisamente uno de los grandes problemas a la hora de exigir una formación obligatoria. «No podemos ser policías», se quejaban estos días atrás una fuente empresarial. Los sindicatos tampoco vieron con buenos ojos la propuesta de Seguridad Social, pues dudaban de la capacidad de construir una estrategia coherente para reciclar a los trabajadores en un par de semanas.

El Gobierno ha aceptado por ello que las nuevas solicitudes se puedan tramitar durante el mes de octubre, lo que da margen tanto a empresas como a trabajadores. La nueva reforma no se aplicará por tanto hasta el 1 de noviembre. Igualmente se mantendrá la claúsula de protección del empleo y la prohibición de despedir en seis meses. Actualmente, más de 250.000 trabajadores siguen acogidos a un ERTE.

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