Gobierno y agentes sociales llegan a un acuerdo sobre las pensiones
El primer acuerdo en pensiones es ya una realidad. Empresarios, sindicatos y el Gobierno han cerrado hoy, tal como avanzó ABC, los últimos flecos pendientes para alumbrar la primera parte de una de las reformas más importantes que reclama Bruselas, la del sistema de pensiones. Los cambios consensuados garantizan a los jubilados la revalorización de sus nóminas con el IPC, pero a cambio imponen fuertes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro.
Se trata de alinear la edad ordinaria y la efectiva de jubilación en una reforma clave, en la que se incentivará el retraso del retiro con el objetivo de aumentar la participación de los mayores en el mercado de trabajo. En este punto, el Gobierno ofrecerá hasta 12.000 euros anuales aquellos trabajadores que decidan postergar su jubilación y permanecer activos más allá de la edad legal de retiro.
El esperado acuerdo llega, no obstante, entre las advertencias de los expertos sobre su falta de ambición para equilibrar un sistema abocado a soportar muchos más gastos que ingresos por el envejecimiento de la población y la precariedad del mercado laboral. Otra de las claves en este sentido será la derogación demonizado factor de sostenibilidad, que se introdujo con la reforma del 2013 del PP, y que será sustituido por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
El acuerdo lleva prácticamente cerrado desde hace semanas, tal y como avanzó ABC, pero las reticencias de la vicepresidenta y ministra de Economía a cómo el ministro había planteado la derogación del factor de sostenibilidad –sin que antes estuviera en marcha el nuevo mecanismo– bloquearon el anuncio y la firma del principal pacto de la legislatura. Los planes iniciales de Escrivá pasaban por derogar este mismo año el mecanismo introducido en la reforma de 2013 para ajustar las nóminas a la esperanza de vida, que debería haber entrado en vigor en 2019 y fue desplazado a 2023.
Pero el acuerdo final recoge que el texto normativo incluya la derogación del factor diseñado por el PP solo cuando la primera parte de reforma entre en vigor, lo que se espera para enero de 2022. Para entonces ya deberá estar operativa la nueva fórmula de equidad intergeneracional, aunque el texto del preacuerdo que ya avanzó este diario apunta que no comenzará a tener efectos hasta 2027, en plena jubilación de la generación del ‘baby-boom’.
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