Galán se pone a disposición de la Audiencia Nacional para atajar «sospechas» en el caso Villarejo


La comisión ejecutiva delegada del consejo de administración de Iberdrola ha acordado poner a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional a los «administradores y empleados » de la eléctrica, lo que incluye a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, para que sean citados a declarar en el caso Villarejo a fin de «facilitar la finalización» de la investigación y atajar las «constantes sospechas» que penden sobre la compañía en este asunto.

En un hecho relevante remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la firma energética reproduce el mismo escrito que ha hecho llegar a la Audiencia Nacional, en el que expone que la tramitación de la pieza separada sobre las encomiendas de la empresa al comisario jubilado José Manuel Villarejo le ha supuesto «un significativo desgaste reputacional» y ha sido «aprovechado por competidores» para «directa o indirectamente» atacar «el buen nombre de la compañía».

«Estas declaraciones e informaciones, ajenas a los intereses de la Justicia, se han dirigido a propagar sospechas sobre la sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores. Dichas actuaciones vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos exdirectivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar«, señala el hecho relevante.

En este contexto, y tras haber realizado auditorías internas y haber aportado documentación al juzgado, Iberdrola decide ahora «para la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas», poner «a los administradores y empleados de la Sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio» Dichas investigaciones internas se refieren al informe ‘forensic’ encargado a PwC para dilucidar el alcance de las contrataciones a Cenyt, la empresa de Villarejo.

Este ‘forensic’, añade la compañía, no constató evidencias de que con la contratación, contabilización y pagos se hayan «infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas». Es decir, que se apunta, como viene siendo habitual en el resto de piezas que implican a empresas del Ibex 35 (BBVA, Caixabank, Repsol), a los responsables de dichos departamentos.

La investigación sobre los encargos de Iberdrola al comisario Villarejo, que implicaron pagos de algo más de un millón de euros escalonados a lo largo de una década, se inició en noviembre del año 2019 si bien las primeras informaciones al respecto trascendieron en mayo de 2018, cuando comenzaron a salir a la luz los audios que el polémico mando policial

había grabado de sus conversaciones

con el que fuera jefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo. En total, como recuerda la energética, se trata de 17 contratos con Cenyt; estos abarcan a Iberdrola, correspondientes a los ejercicios 2004 a 2009, e Iberdrola Renovables Energía, correspondientes a los ejercicios 2012 y 2017. Además, las citadas investigaciones internas puestas en marcha por la firma constataron que la relación con Villarejo se circunscribe a dichos 17 contratos.

Ambos están investigados por cohecho y revelación de secretos, como también se encuentran imputados directivos como Juan Carlos Rebollo y exdirectivos como José Antonio Del Olmo, no así Iberdrola como persona jurídica ni tampoco su presidente.

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