Frente autonómico para que la Sanidad y la Educación no computen como déficit
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de hoy se perfila como el escenario de una nueva batalla entre el Ministerio de Hacienda y los gobiernos autonómicos. Los ejecutivos regionales, que el año pasado gastaron casi 10.400 millones de euros más de lo permitido, plantearán posiciones individuales con un discurso común entre la gran mayoría: todos quieren tener derecho a mayores desembolsos, rechazan los recortes, y el objetivo de déficit común del 0,3% del PIB para este año, algo más de 3.300 millones, se antoja como «inasumible» después del cierre de 2015, del 1,66% (el límite era del 0,7%). El ajuste presupuestario de las CC AA para ceñirse al citado 0,3%, que también podría variar en próximas fechas, ascendería a unos 14.600 millones. Cataluña sería la más perjudicada, con unos 4.900 millones.
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, exigirá a las comunidades el «compromiso» con la reducción del déficit y la regla de gasto. A las que incumplieron el objetivo de 2015, además, Montoro les recordará que tendrán que acatar la no disponibilidad de gasto y tendrá que «lidiar» con posiciones como la manifestada por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que propone que partidas como la Sanidad, la Educación y las políticas sociales de las autonomías no computen como déficit.
La posición de Díaz, que prácticamente ejerce como líder y portavoz del resto de gobiernos regionales liderados por el PSOE, supondría que los capítulos presupuestarios más abultados de las comunidades quedarían fuera de las estadísticas. Andalucía cerró 2015 con un déficit de 1.635 millones de euros, el 1,13% del PIB, y tendría que realizar un ajuste cercano a los 450 millones para cumplir con el 0,3%.
Aragón y Extremadura, «multadas» por Montoro tras rebasar los límites de la ley de morosidad en el pago a proveedores, han liderado rebeliones contra los «recortes» propuestos por Hacienda. Para reconducir sus finanzas públicas al 0,3%, la región extremeña tendría que ajustar algo más de 400 millones, cifra que, en el caso de la aragonesa, ascendería a más de 600 millones.
Pero la oposición al plan de Montoro no viene sólo de las comunidades lideradas por el PSOE o grupos cercanos a Podemos, ya que regiones como Castilla y León, gobernada por el PP, también se han posicionado en contra de las intenciones de Hacienda. «Rebeldía sí, pero con causa», dijo ayer la vicepresidenta de la Junta castellanoleonesa, Rosa Valdeón, según informa Efe.
Cataluña, tradicionalmente enfrentada al Gobierno, tampoco pretende respaldar al ministro. Oriol Junqueras, vicepresidente de la comunidad con mayor déficit en 2015 (2,7% del PIB, 5.532 millones de euros) señaló la semana pasada por carta a Montoro que el límite del 0,3% es «inasumible». La Generalitat ha apelado en varias ocasiones a la distribución eficiente del objetivo entre la Administración central y las comunidades, y considera que las autonomías deberían tener derecho a un límite de más del 1%.
El orden del día del encuentro incluye una exposición del ministro sobre el grado de cumplimiento del déficit, la deuda y la regla de gasto por parte de las comunidades entre 2011 y 2015. También se presentará un informe con medidas para cumplir la recomendación de Bruselas sobre el déficit.
Source: The PPP Economy