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Wednesday, December 1, 2021

Fomento no descarta volver a licitar los peajes que venzan a partir de 2018


El Ministerio de Fomento ha anunciado que tiene intención de no prorrogar los plazos de las concesiones de las autopistas de peaje que vencen entre 2018 y 2021. La medida afecta a la AP-1 –Burgos-Armiñón–, cuyo peaje vence en 2018; la AP-7 –Tarragona-Alicante– y la Cádiz-Sevilla, cuyas concesiones vencen en 2019; y otros dos tramos de la AP-7 –La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona–, además de la AP-2, cuyos peajes terminan en 2021. Con esta decisión, el Estado recuperará la gestión de las vías, lo que no implicará necesariamente que, en un futuro, vayan a convertirse en autopistas de libre tránsito. En una comparecencia en el Congreso al hilo de la cuestión, el responsable del Ministerio, Íñigo de la Serna, reiteró a finales del año pasado esta decisión, pero dejó abierta la puerta al mantenimiento de los peajes. Las autopistas pasarán en primera instancia a manos del Estado para «en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas», afirmó el ministro en su intervención.

Aunque gobiernos como el andaluz presionan para que las barreras en los peajes que les afectan se levanten de forma definitiva, Fomento no ha tomado una decisión al respecto. Fuentes próximas al departamento que dirige De la Serna insisten en que lo único seguro es que las actuales concesiones no se prorrogarán, pero no cierran la puerta a que vuelvan a ser licitadas en régimen de concesión más adelante.

Peajes blandos

El sector concesional lleva tiempo pidiendo que no se eliminen estos peajes y confía en que el Gobierno adopte una decisión en este sentido. Considera que estos pagos aportan unos recursos al Estado a los que no se entendería que renunciara en un momento en el que la prioridad es contener el déficit. Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal de la construcción en la que se encuadran las concesionarias españolas, declaró hace pocas semanas que no renovar las concesiones implicará unos sobrecostes para el Estado de 1.000 millones, entre lo que ahorra de mantenimiento y lo que recauda en concepto de IVA de los usuarios. «Diga usted de dónde va a sacar ese dinero cuando reviertan al Estado. ¿Se lo quitarán a la sanidad o a las pensiones?», se preguntó Núñez.

Los crecientes costes de conservación de la red estatal de carreteras, a los que Fomento destinará este año 958 millones, según los presupuestos, le han llevado a tomar una decisión que, en apariencia, sería contradictoria con la renuncia a volver a licitar las concesiones de próximo vencimiento. De la Serna ha anunciado que está explorando fórmulas de colaboración público-privada para que las constructoras adelanten los fondos para nuevas vías. El dinero liberado sería destinado a la conservación. También anunció la intención del Ministerio de volver a concesionar aquellas autopistas radiales que están en proceso de liquidación que, hipotéticamente, acabaran de nuevo en manos del Estado.

Volver a licitar las autopistas cuyos peajes vencen a partir de 2018 sería menos oneroso para los usuarios de lo que muchos piensan, según las empresas del sector. Se trata de vías construidas hace muchos años, cuyos costes de construcción ya se han amortizado con los peajes pagados en el pasado. Por eso, argumentan las compañías concesionarias, sería posible licitarlas de nuevo con peajes blandos más baratos que cubrirían sus necesidades actuales, las de mantenimiento.

Que el Estado no quiera prorrogar los actuales peajes tiene que ver, a juicio de Abertis, la principal concesionaria del mundo y que explota cinco de las seis vías afectadas por los vencimientos inmediatos, con dos cuestiones. En primer lugar, porque Bruselas no es partidaria de alargar concesiones, sino de licitar de nuevo las vías, como explicó en la junta de accionistas de la firma su presidente, Salvador Alemany. La otra razón, según el directivo, es que «el efecto social de un alargamiento no sería nada deseable. Ningún político lo querría afrontar y las concesionarias, tampoco».

La situación de España con respecto a los países de su entorno en cuestión de peajes es muy diferente pese a sus problemas de déficit público. Mientras que estados como Italia o Francia las vías de alta capacidad son de pago en un 80%, en España ese porcentaje apenas alcanza el 21%, lo que llevo a Alemany a calificar de «isla» la situación.

Source: The PPP Economy

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