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Sunday, November 28, 2021

Fomento mantendrá abiertas y con peajes las radiales si quiebran


Si el PP repite al frente del Gobierno, las autopistas de peaje R-3 –Madrid-Arganda– y R-5 –Madrid-Navalcarnero– no cerrarán aunque la sociedad que ahora las gestiona, Accesos de Madrid, finalmente sea liquidada. Así se lo confirmaron representantes del Ministerio de Fomento al sindicato CSIF en una reunión que mantuvieron la semana pasada para tratar la decisión de cerrar ambas vías decretada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. Esta instancia dictó un auto en mayo en el que decretaba el cierre al tráfico el 1 de octubre de ambas autopistas si Fomento no asume antes de esa fecha la gestión. A comienzos de este mes, y como continuación al citado auto, el juzgado acordó iniciar el cierre de las dos radiales. La fecha límite, no obstante, podría ampliarse. El Ministerio ha impugnado ante el Tribunal Supremo la decisión del juzgado madrileño al considerar que carece de competencias para suspender un contrato de concesión administrativa. El Ministerio entiende que este paso detiene la cuenta atrás.

Ocurra antes o después, esta misma semana, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, aseguró que «lo previsible» es que estas vías, así como el resto de las autopistas de peaje en proceso concursal –R-2, R-4, AP-41 Madrid-Toledo, eje del aeropuerto, AP-36 Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la AP-7 entre Alicante y Cartagena– acaben en liquidación. De darse esta situación, acabarían en manos del Estado, su verdadero propietario, con la «voluntad» de que regresen al mercado mediante una futura licitación. En el caso de la R-3 y la R-5, las cuentas de su concesionaria son positivas, lo que facilitaría que volvieran a ser gestionadas en régimen de concesión por una empresa privada. La R-3 cerró el año pasado con un incremento de su tráfico del 12,5%, mientras que el de la R-5 se aumentó un 9,7%.

Hasta que eso ocurriera, la intención de Fomento es integrar las vías en la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), una sociedad pública dependiente del ministerio, que se encargaría de su gestión, según anunciaron los responsables del Ministerio de Fomento en la citada reunión. Los 120 trabajadores de la actual concesionaria pasarían entonces a depender de esta firma pública.

Source: The PPP Economy

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