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Wednesday, December 8, 2021

Escrivá dejará en manos de sindicatos, empresarios y su ministerio el control del superfondo de pensiones


El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha puesto ya sobre la mesa de los agentes sociales el anteproyecto de ley para regular el primer gran fondo de pensiones de empleo de garantía pública de nuestro país. Una iniciativa con la que el Gobierno busca ampliar el número de españoles que tienen un plan de pensiones que complemente su pensión pública, ofreciendo menores comisiones y un estricto control público del mismo.

Según figura en el borrador, al que ha tenido acceso ABC, será una comisión de control especial la que velará por el buen funcionamiento de estos vehículos. Estará compuesta por diecisiete miembros, de los que «cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más representativas y nueve serán designados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

El documento no establece la retribución que recibirán estos miembros, aunque sí fija que podrá tener un componente variable. «La retribución de los miembros se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función de la valoración externa de calidad del servicio y de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido», establece el texto.

En cuanto a dónde se invertirán los activos de este vehículo, se establece que se hará «exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones», en una estrategia que no podrá modificarse fácilmente. La misma deberá «constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con su autorización y tendrá un carácter estable y a largo plazo». Deberá ser revisada por parte de la Comisión Promotora y de Seguimiento al menos cada cinco años.

Uno de los principales atractivos de este instrumento serán las bajas comisiones que ofrecerá y que, según el texto, serán especialmente ventajosas para los trabajadores autónomos. El anteproyecto establece que «en ningún caso» las comisiones devengadas por la entidad gestora «podrán resultar superiores al 0,4 por ciento», mientras que este límite se fija en el 0,1% para las entidades depositantes, lo que arroja un máximo de comisiones del 0,5%, cifra muy por debajo de las que se pagan en planes de pensiones individuales, que rondan el 1,2%.

El Gobierno explica en la exposición de motivos de la ley que hay dos razones principales que le han llevado a impulsar este sistema de ahorro. Por un lado, cita un informe de la Airef en el que citaba que el actual sistema de pensiones privadas era regresivo fiscalmente. Y por el otro alude al «estancamiento observado en la actualidad en los planes de pensiones de empleo».

Según dice el texto, «a lo largo de los años, los planes de empleo han perdido peso relativo respecto del total de planes puesto que representaban un 50% del total de la previsión social complementaria al inicio de los años 90, mientras que ahora representan un porcentaje del total de activos gestionados un poco superior al 25%. Un resultado que persigue esta norma es revertir esta tendencia».

El texto llega casi un año después de que se contemplase su creación en los Presupuestos de 2021, lo que ya le costó algún tirón de orejas parlamentario al ministro, pero también antes de que se hayan cerrado materias clave de la primera pata de la reforma de las pensiones, como la definición del Mecanismo de Equidad intergeneracional, del que Seguridad Social no ha presentado aún propuesta.

Source: Noticias

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