Empleo negocia con las autonomías desbloquear la ayuda a los parados
La prórroga de la ayuda de 450 euros a los parados de larga duración sin recursos que han agotado la prestación ordinaria de desempleo, integrada en el llamado Plan Prepara, está en manos de las comunidades. Aunque el Gobierno ha prometido que hará todo lo posible para que ningún afectado se quede sin el subsidio, echando mano incluso para ello de otros planes alternativos que también incluyen subvenciones como el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI), la continuidad de Plan Prepara se encuentra enquistada desde el pasado mes de agosto y su continuidad durante un período extra de seis meses depende de los Gobiernos regionales, que deberán tomar hoy la decisión en una reunión trascendental que se celebrará en el Ministerio de Empleo.
La causa de esta situación es doble. El programa de ayuda aprobado en la época del PSOE nació con fecha de caducidad: cuando el desempleo descendiera en España de la cota del 18%. Este descenso llevó a su extinción automática hace hoy 34 días. Además, una sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón al País Vasco echó más leña al fuego este verano, al sostener que algunas de las competencias que hasta ahora recaían en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) deberían pasar a manos de las autonomías. Esta razón, y no otra, han impedido la extensión unilateral del Plan Prepara por parte del Gobierno durante un período extraordinario hasta que se clarifique y determine la reorientación de esta ayuda, pues las circunstancias actuales no son iguales que en el momento en el que fue aprobado.
Con el fin de desatascar la prórroga, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, reclamó a las autonomías que encomienden por unanimidad la competencia de gestionar el Plan Prepara de forma extraordinaria y limitada para poder prorrogarlo temporalmente. Desde que se aprobara en 2011, más de 900.000 personas se han beneficiado de esta ayuda de hasta 450 euros al mes en nuestro país por medio de un programa que se iba revalidando cada seis meses.
Entre los requisitos para poder percibirla están los de llevar inscrito como demandante de empleo al menos doce de los últimos 18 meses y carecer de rentas de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. La ayuda era en principio de hasta 400 euros, correspondientes al 75% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), aunque en agosto de 2012 la cantidad se aumentó hasta los 450 euros (equivalente al 85% del Iprem) para personas con responsabilidades familiares.
Más coherencia
La prórroga que el Gobierno espera que autoricen hoy los representantes autonómicos resultará determinante también por otro motivo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social quiere aprovechar la desaparición del motivo que dio pie a la aprobación del Plan Prepara –que la tasa de paro estuviera por encima del 18%– para modificar en ese plazo extra los tres tipos de ayuda existentes en la actualidad a los parados en situación extrema, como el fin de unificarlas todas en uno solo. La propia Báñez ya explicó en el Congreso de los Diputados que la meta es «revisar» dichos planes de ayuda a los desempleados para darles coherencia, adecuarlos al marco competencial y a la doctrina del Tribunal Constitucional y mejorar la eficacia de la cobertura existente. Para tal fin, el Ministerio ha mantenido ya reuniones con los representantes de las organizaciones sindicales.
Source: The PPP Economy