El sector del gas pide al Gobierno las mismas rebajas fiscales que se aplican en la factura de la luz
La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha hecho un balance del reciente decreto ley aprobado por el Gobierno y, aunque coincide con el Ejecutivo en la necesidad de proteger de forma temporal a todos los consumidores, «lamenta que persista la discriminación a los consumidores gasistas en el acceso a medidas de protección como las rebajas fiscales que sí se aplican a otras energías y a las que hace referencia expresa tanto el Consejo Europeo como la Comisión Europea en sus más recientes comunicaciones».
Sedigas destaca que «de esta manera, el gas es uno de los escasos suministros básicos de los hogares que se mantiene al tipo máximo de IVA (21%), frente a otros suministros como la electricidad que se sitúa en un 10%. Y sigue soportando en su integridad el tipo vigente del impuesto especial de Hidrocarburos (IEH), que contrasta con la reducción de la misma figura impositiva aplicada en la factura eléctrica». Por ello, insta al Gobierno a que «extienda las rebajas impositivas a la factura que soportan los consumidores domésticos de gas, garantizando así un tratamiento justo y equilibrado».
Sobre la pretendida limitación del precio del gas para la generación eléctrica que han presentado España y Portugal a Bruselas, Sedigas advierte del «riesgo de intervenir en los mercados energéticos, aun de forma temporal y extraordinaria. Entiende que se pueden producir alteraciones relevantes en su normal y eficiente funcionamiento, como puede ser la fijación de referencias de precio que no contemplen de forma integral los costes reales del aprovisionamiento en el que incurren los generadores de electricidad con gas».
Tras subrayar su «creciente preocupación» por la generación de un déficit tarifario de carácter estructural para el sistema gasista, esta asociación que preside Joan Batalla alerta del riesgo de incurrir, durante el proceso de definición e implementación del citado mecanismo, en «alteraciones que deriven en impactos perjudiciales a medio y largo plazo para la seguridad de suministro si no existiera un reconocimiento de los costes reales para todos los generadores de electricidad que emplean gas natural, tanto ciclos combinados como cogeneradores».
Asimismo, señalan que las propuestas recogidas en el real decreto «no están alineadas, no solo con el potencial de España, sino con los objetivos de la propia Comisión Europea, que ha reconocido el papel del gas para una eficiente transición con el impulso a su propuesta de incorporar hasta 35.000 millones de metros cúbicos (35 bcm) anuales de biometano para el 2030.