El salto cualitativo, la gran tarea pendiente de las pymes

Superar la larga crisis que ha atravesado España desde 2008 ha sido el reto más difícil al que han tenido que hacer frente las pequeñas y medianas empresas y los autónomos en los últimos años. Para la mayoría, resistir ante la gran tempestad (desplome de la demanda, cierre de la financiación bancaria, aumento de la morosidad, subida de la presión fiscal,…) ha resultado un trabajo hercúleo. Tan duro, que muchos se quedaron por el camino: entre 2008 y 2014 se produjo una disminución de más de 300.000 empresas activas, un 9% del total, según los datos del INE.

Ahora que lo peor del temporal ha pasado, el viento sopla a favor y la economía avanza a un ritmo superior al 3%, las pymes y los autónomos han de afrontar una serie de retos para recuperar el dinamismo. Y el más inmediato e importante no puede ser otro que afianzar el crecimiento, como señala el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi: «El primer y mayor reto, tanto de las pymes como del resto de las empresas y de la sociedad en general, es consolidar el proceso de recuperación y la generación de empleo de nuestra economía, evitando las actuales incertidumbres que pueden entorpecer o demorar la adopción de decisiones en materia de inversión».

Reformas pendientes

Esta tarea, según Garamendi, «requiere tanto un esfuerzo por parte de las propias empresas como el apoyo de las administraciones públicas para generar un marco favorecedor de la actividad empresarial y del espíritu emprendedor, en el que se lleven a cabo reformas importantes que aún están pendientes, como la administrativa, la energética o la educativa y se avance en materia de simplificación burocrática».

Junto a ese objetivo general de consolidar la recuperación, el presidente de Cepyme apunta otros cinco retos importantes: «El acceso de las pymes y de los autónomos a la financiación necesaria en condiciones y plazos asumibles; profundizar en la lucha contra la morosidad; impulsar la internacionalización y la innovación en las empresas de menor dimensión; rebajar los costes no salariales que obstaculizan la creación de empleo, y promover la digitalización de las pymes».

Por lo que se refiere a la financiación, los bancos siguen siendo la clave por la elevada dependencia que tienen las empresas españolas, puesto que la bancaria representa el 54% de la financiación ajena con coste, cifra que se eleva hasta el 97% si se excluye el préstamo entre empresas, según datos de Funcas. Tras la fase de reestructuración, y con la ayuda de la liquidez inyectada por el Banco Central Europeo, las entidades han reabierto el grifo de la financiación, de modo que, desde principios de 2015, está creciendo el crédito a nuevas operaciones. Y este cambio se está reflejando en las encuestas de opinión empresarial. Pero queda todavía mucho por hacer en el terreno de la financiación no bancaria. El año pasado se aprobó la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, con el fin de fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o no bancaria, pero Antonio Garamendi cree que es necesario «impulsar el desarrollo de esos instrumentos alternativos».

En cuanto a la morosidad empresarial, el último barómetro elaborado por Cepyme y la Dirección General de Industria y la Pyme refleja un ligero repunte en el tercer trimestre de 2015, aunque la mejora es notable con respecto a 2010. Pero el propio informe advierte del riesgo de que la mayor demanda y disposición de liquidez invite a relajar los cobros y pagos en plazo. Por eso Garamendi considera preciso «hacer cumplir la Ley en materia de morosidad y establecer, si es preciso, un régimen sancionador».

En materia de internacionalización, el presidente de Cepyme plantea la necesidad de «un mayor apoyo por parte de la Administración, a través de un marco fiscal que incentive la actividad de las pymes en el exterior y la mejora de la coordinación de las distintas administraciones y organismos con competencias en estas materias».

Garamendi propone también otras medidas para superar los demás retos, como impulsar el desarrollo de la innovación y la transformación digital de las pymes, generar un marco regulador de la formación que tenga más en cuenta a las empresas y favorezca la formación como factor clave de competitividad, reducir la maraña normativa que entorpece la actividad empresarial y rompe la unidad de mercado, y rebajar los costes sociales que obstaculizan la creación de empleo, sobre todo en las empresas de menor dimensión.

Diálogo social

Los costes sociales, como la morosidad, son una preocupación compartida con las asociaciones de autónomos, que defienden modificar sus cotizaciones a la Seguridad Social. En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de ATA, Celia Ferrero, considera necesario «buscar un equilibrio entre protección y actividad, para que esa protección no se convierta en un enemigo de la actividad».

Ferrero asegura que en los últimos cuatro años «se han hecho muchas cosas para facilitar el acceso al trabajo autónomo y fomentar el emprendimiento, que han hecho que en España se pierda el miedo a emprender». «Ahora el gran reto –añade– está en consolidar ese movimiento. Por eso es el tiempo no sólo de seguir fomentando el emprendimiento y eliminar barreras a los autónomos, sino también de ayudarles a que se consoliden y perduren en el tiempo y también que puedan crecer».

En este sentido, plantea una serie de reclamaciones, como avanzar en las medidas de segunda oportunidad, rebajar el IVA de aquellas actividades que experimentaron una subida de 13 puntos, establecer un régimen sancionador para acabar con la morosidad, incentivar la lucha contra la economía sumergida o regular la economía colaborativa. «Y para eso se necesita un diálogo social con los autónomos», concluye Ferrero.

Source: The PPP Economy