El PSOE y sus socios dan vía libre a los piquetes violentos
El Senado ha aprobado hoy la derogación del artículo 315.3 del código penal que especificaba penas de cárcel para los miembros de piquetes violentos que fueran condenados. La medida formaba parte de los acuerdos del PSOE, Unidas Podemos y del resto de socios del Gobierno.
«Hoy es un gran día para la democracia en nuestro país y para los trabajadores y trabajadoras», ha declarado el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, después de que el Senado haya aprobado hoy la derogación del artículo 315.3 del código penal que castigaba con penas «desproporcionadas» a los sindicalistas «con el objetivo de coartar el derecho de huelga».
Sordo ha tenido palabras de agradecimiento a las fuerzas políticas que lo han hecho posible con su voto y «de reconocimiento a las más de 300 personas procesadas con peticiones de pena de cárcel para intentar reprimir mediante el artículo 315.3 del Código Penal y la Ley Mordaza el derecho de huelga y otras movilizaciones contra las políticas de austeridad».
«No vamos a permitir nunca, nunca, nunca, que se demonice el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores, sin el que no se entiende la democracia en nuestro país», enfatizó el secretario general de CC. OO.
Para Pepe Álvarez, secretario general de UGT, este artículo penal «chocaba con el derecho a huelga que, igual que otras democracias occidentales, contempla la Constitución».
Álvarez afirma en su blog que «el derecho de huelga, en el artículo 28.2 de la Constitución Española, es un derecho fundamental para la libertad pública, con supuesta mayor protección. Es un alivio para todos que este texto penal, que castigaba a aquellos y aquellas que coaccionasen a otras personas a iniciar o continuar una huelga con penas de prisión de hasta tres años y con multas de hasta 24 meses, haya sido finalmente derogado en el Congreso».
«Durante estos años hemos visto que el término ‘coaccionar’ ha dado pie a una interpretación amplia del delito: Esto ha causado que conductas no violentas hayan sido perseguidas por procesos penales. Que personas trabajadoras que tan solo defendían sus derechos y los de sus compañeros y compañeras hayan sido oprimidas en unos procesos penales injustos, inciertos e interminables».
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