El número tres de Ordóñez cobró 364.446 euros pese a renunciar voluntariamente
El Tribunal de Cuentas publicó ayer un informe en el que fiscaliza las indemnizaciones percibidas tras el cese de altos cargos del sector público en los últimos años, muchos de los cuales no salen bien parados en el documento. En este sentido, el organismo critica la indemnización recibida por el anterior secretario general del Banco de España, José Antonio Alepuz, entre 2011 y 2012. Pese a que el número tres del entonces gobernador de la institución monetaria, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, abandonó el cargo de forma voluntaria, se fue con una cuantiosa compensación, equivalente a la de un despido improcedente.
En el documento se recuerda que en septiembre de 2011 la comisión ejecutiva del Banco de España aceptó la renuncia voluntaria de Alepuz, secretario general desde 2002, que había aceptado una oferta de trabajo en La Caixa. Sin embargo, el reglamento interno del Banco de España prohíbe que el secretario general pueda trabajar con entidades sujetas a la supervisión del Banco de España o percibir de ellas retribución alguna durante seis meses desde el cese, reconociendo una compensación del 40% de los ingresos totales correspondientes a ese ejercicio. Además, la Comisión Ejecutiva del banco central tiene establecido que los altos cargos que resuelvan su relación laboral con la institución percibirán la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores por despido improcedente (45 días por año trabajado en el momento de los hechos) con un máximo de dos anualidades.
Estos reglamentos permitieron que Alepuz cobrara 364.446 euros en apenas seis meses. Asimismo, el Banco de España le mantuvo durante ese semestre su póliza de seguro de enfermedad, otras de seguros de vida y las aportaciones a su plan de pensiones. «La posible legalidad de estos pagos no impide poner de manifiesto que el alto cargo dejó su puesto en el Banco de España por voluntad propia y para iniciar una nueva actividad en una sociedad perteneciente al grupo de una entidad de crédito sometida a la supervisión del Banco», critica el informe del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, considera «adecuada» la indemnización percibida por Fernández Ordóñez, tras su salida de la institución en 2012. El ex gobernador percibió prestaciones compensatorias por 348.751 euros, equivalentes al 80% de su sueldo, complementos y dietas de asistencia a las reuniones del consejo de gobierno y de la comisión ejecutiva, tal y como establece la normativa en vigor.
Dado que su régimen de incompatibilidades le impedía el ejercicio de cualquier actividad profesional relacionada con las entidades de crédito o los mercados de valores durante dos años tras su cese –frente a los seis meses del secretario general–, el Tribunal de Cuentas considera proporcionada la indemnización, en contraste con la recibida por Alepuz.
Source: The PPP Economy